Los vecinos de Vegueta que denunciaron la celebración del carnaval de día y a los que el juez ha dado la razón, en primera instancia, obligando al Ayuntamiento a buscar un nuevo emplazamiento donde no moleste a otros residentes, no tienen intención, por ahora, de negociar otra salida que no sea el cumplimiento de la sentencia judicial. Aunque la abogada de estos ciudadanos, Yomara García Viera, quien también es presidenta de la asociación nacional de Juristas contra el Ruido, explicó que trasladará a sus representados las propuestas que haga el grupo de gobierno, la postura de los afectados por la celebración del carnaval es que debe cumplirse la resolución judicial.
«No hay medidas correctoras posibles», insistió la letrada, «la única solución pasa por el traslado de ubicación y los reclamantes no son los únicos afectados». Yomara García aseguró que «hay muchísimos vecinos y asociaciones, que también reclaman el traslado, a los que también seguirá afectando (la celebración del carnaval de día) si se mantiene la misma ubicación». De esta manera, responde al argumentado utilizado por el grupo municipal de gobierno de que las quejas por la celebración de la fiesta en la calle solo procede de tres personas.
La puerta de la negociación, abierta por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria este martes tras conocerse la sentencia sobre el carnaval de día, parece cerrarse de golpe, al menos por el momento. En todo caso, el caso no está cerrado porque tanto el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, como la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, anunciaron que el Consistorio recurriría la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
La evolución de este asunto parece, pues, correr paralela a la que se vivió en el entorno del parque de Santa Catalina con los mogollones, que fueron desterrados de la zona por la denuncia hecha por los vecinos del edificio Simón Bolívar. Aquel proceso supuso un largo camino que tardó diecinueve años de maduración de un acuerdo, después de que se iniciara la batalla judicial en 1996. En aquella ocasión, y tras varias resoluciones, no se logró un pacto entre demandantes y el Ayuntamiento hasta el año 2015, con traslado incluido de los mogollones al parque de La Música, en una prueba que resultó fallida.
Enfrentamiento
La representante de los vecinos de Vegueta recuerda que «la reclamación se ha hecho desde hace años y tanto esfuerzo no puede quedar en saco roto». Yomara García apunta la necesidad de que, «de una vez por todas, se entienda que hay usos incompatibles con las viviendas, con las zonas residenciales».
Critica también que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya expresado su intención de «hacer ver a toda la ciudadanía la importancia del carnaval», algo que la representación de los demandantes interpreta como un método de presión. «Es lamentable que se enfrente a la ciudadanía con declaraciones alarmistas y se derive la responsabilidad a los vecinos», lamentó Yomara García, «no se les puede pedir que renuncien a sus legítimos derechos».
La abogada y presidenta de la asociación nacional de Juristas contra el Ruido echa de menos una actitud más abierta a la colaboración en todo este tiempo atrás. «Lamentablemente solo se reacciona tras una resolución judicial», expuso.
E insiste en que las sentencias tienen que ser cumplidas porque esto es lo que marca la convivencia en un Estado de Derecho como el nuestro.
Javier Darriba 