La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado la apertura de juicio oral contra Andrés Martín Casanova, exconcejal de Fiestas, por presuntas irregularidades en la contratación de servicios para el Carnaval de 2020. El fiscal Francisco Manuel García Dorta ha presentado un escrito al Juzgado Número 3 de la ciudad donde concluye que Martín Casanova prevaricó al “anteponer sus intereses políticos al respeto a la ley”.
El caso se remonta a una investigación que se inició hace casi cuatro años tras una denuncia presentada por Luciano Delgado, empresario del sector y asesor del Organismo Autónomo de Fiestas. Durante el mandato de la alcaldesa socialista Patricia Hernández, el concejal asumió las competencias en materia de festividades.
Para la celebración del Carnaval de 2020, Martín Casanova inició un expediente de contratación en octubre de 2019. Sin embargo, este trámite no se completó a tiempo y los contratos fueron adjudicados en junio de 2020, después de los carnavales. El fiscal ha señalado que el exconcejal actuó de manera “deliberada y consciente” al omitir trámites legales, adjudicando el evento a través de 21 contratos menores que, en total, suman 227.132,81 euros, un monto que supera en 15 veces el límite permitido para este tipo de contratos.
Según la Fiscalía, Martín Casanova fraccionó los servicios con el objetivo de eludir la normativa y simuló la concurrencia de empresas al solicitar presupuestos de manera ilícita. Además, el fiscal ha puesto en duda la veracidad de las necesidades argumentadas por el concejal al afirmar que contrató acciones como si fueran necesidades puntuales, a pesar de que el Carnaval se celebra anualmente.
García Dorta también ha acusado al exconcejal de adjudicar contratos en días inhábiles y de haber hecho contrataciones verbales sin la debida documentación, lo que contraviene la ley. En su propuesta de juicio, el fiscal ha solicitado que se imponga una pena de 12 años de inhabilitación especial para el ejercicio de un cargo público y el derecho de sufragio pasivo, además de las costas procesales.
El Carnaval de 2020, marcado por la polémica, se celebró en un contexto de grave crisis sanitaria que culminó con la declaración del estado de alarma por la pandemia de COVID-19. Investigaciones posteriores han apuntado a estos eventos como un posible factor de propagación del virus en la isla.
Andrés Martín Casanova ha defendido su gestión, señalando que las dificultades en el proceso de contratación se debieron a la complejidad administrativa y a la necesidad de garantizar la festividad más emblemática de la isla. “El Carnaval de Santa Cruz está por encima de las empresas, los partidos y la administración”, afirmó en una entrevista en 2020.
El futuro del exconcejal está ahora en manos de la justicia, que determinará su culpabilidad o inocencia en los delitos que se le imputan. La apertura del juicio oral será un paso crucial en este proceso judicial que ha captado la atención de la opinión pública en la isla.