Vivimos una degradación constante de nuestra democracia, provocada por medios de comunicación que se apropian del espacio público de la política y que, además, se arrogan el papel de Inquisidores Mayores del Reino para ejercer libérrimamente la censura.
Los medios de comunicación articulan un importante espacio de socialización política, de construcción de la opinión pública, de transmisión de información, de reflejo de la pluralidad existente en la sociedad y, por lo tanto, de realización de la vida democrática. Pero ese espacio ha sido en gran medida confiscado por empresas de comunicación, propiedad de personas adineradas, que deciden qué voces de la política silencian y a qué voces le suben los decibelios. Deciden a qué partidos acallan y a cuáles dan un altavoz privilegiado. Esos propietarios de medios de comunicación son ese poder feudal que censura e invisibiliza a una parte de la sociedad y convierte en papel mojado lo que quiera que sea el derecho constitucional de la ciudadanía a la información.
Mi experiencia como portavoz municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife me ha mostrado que nuestros adversarios políticos son, más que el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular, los medios de comunicación que nos censuran un día sí y otro también. Pese a ser tercera fuerza política del municipio, la mayoría de los medios oculta nuestras propuestas, nuestras iniciativas y nuestras críticas. O les dedica espacios liliputienses para fingir ser ese espejo del pluralismo que no son.
Hoy, en Santa Cruz de Tenerife, el resultado de este partido es Caciquismo 2, Democracia 0. Muchas empresas de comunicación están combatiendo el pluralismo y conculcando el derecho de sus periodistas a ejercer su trabajo con profesionalidad. Es evidente que hay un interés común de una parte del empresariado propietario de los medios -y de muchos de sus homólogos adinerados- en invisibilizar a quienes defendemos propuestas políticas que rechazan.
En 2021 no hubo Carnaval en la calle, pero si una campaña del Ayuntamiento en una emisora, por 14.500 euros, sobre el Carnaval virtual; otra campaña de 65.000 euros en medios para promoción de ese Carnaval virtual como producto turístico; otra de 14.900 euros en otra emisora con finalidad parecida; otra de 14.900 para recordar carnavales pasados… Otra para pagar por noticias de prensa sobre carnaval, sin indicar el carácter publicitario… También está la Navidad y hay otras decisiones publicitarias demasiado dependientes de la voluntad subjetiva del gobierno de turno que, en algunos casos, podrían generar un “cariño mediático” hacia el grupo de gobierno y una cierta hostilidad hacia sus oponentes. De hecho, algún medio nos ha silenciado a la oposición desde que es beneficiario de estas campañas publicitarias. Seguro que es pura coincidencia.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 14.999,26 euros a un periódico para patrocinar noticias de Carnaval (sin advertir a quienes lo leen). En la memoria justificativa presentada por el periódico aparecía, por ejemplo, la noticia titulada: “Fiestas paga por primera vez a Televisión Canaria por la producción del Carnaval”. Incluso hubo un patrocinio informativo autoflagelante: “Indignación entre los diseñadores porque grabaron el desfile y todavía no han cobrado”. Se trata del tipo de patrocinio que uno esperaría encontrar en el País de Nunca Jamás… O en el cacicato ultraperiférico que Coalición Canaria ha montado en Santa Cruz.
El caso de la Cadena Ser, en Santa Cruz de Tenerife, es particularmente grave porque ha liderado la censura contra Unidas Podemos en el municipio, a raíz de nuestra denuncia de las irregularidades detectadas en dos conciertos financiados por el Ayuntamiento y vinculados a esa empresa. El propio oficial mayor del Ayuntamiento apuntó las posibles causas de nulidad de las contrataciones y, en una de ellas, apuntó que podía llevarse a la Fiscalía. En la actualidad son objeto de un expediente de revisión de oficio. ¿Imaginan a una clínica negándose a atender a un paciente porque previamente denunció mala praxis en ella? Obviamente, es inconcebible. Pero establecer una censura propia de una dictadura es algo por lo que la Cadena Ser no tiene que dar la más mínima justificación.
Ramón Trujillo, concejal de Unidas Podemos en Santa Cruz de Tenerife.