El segundo convenio colectivo en su artículo 80.7 dice que: “se sanciona la aceptación de remuneraciones, comisiones o ventajas de organismos, empresas o personas ajenas en relación con el desempeño del servicio; Delitos de corrupción en los negocios. Se considera falta muy grave”. La Corporación RTVE ha exhortado a la dirección regional de Canarias que se tenga en cuenta los aspectos relacionados con negociaciones prohibidas al personal especializado en cuanto a la presencia en eventos, aunque sean solidarios, conciertos, galas del carnaval ubicados en áreas como el sur de Gran Canaria. Lo que no sea oficial de la cadena, de entrada no.
Desde el ente se recuerda que “RTVE rechaza cualquier forma de corrupción, soborno, malversación, cohecho o extorsión y se declara contrario a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la compañía para obtener algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas” y que “tampoco permitirá que otras personas o entidades puedan utilizar esas prácticas con sus empleados”. “Si alguien quiere proceder o seguir procediendo debe irse al sector privado”, dijo a Maspalomas24H una fuente del comité de empresa en Madrid. “Sin perjuicio de la calificación jurídica que al respecto se pudiere realizar, la corrupción y el soborno aparecen cuando los empleados hacen uso de prácticas no éticas para la obtención de algún beneficio para la compañía o para ellos mismos. La corrupción y el soborno son una de las categorías de fraude”, señala el código de conducta de CRTVE.
La declaración, que afecta a todos los empleados públicos, es una seria advertencia a la anomalía que hay en Canarias que, aprovechando el margen de la distancia y la buena fe, con el paso del tiempo se ha ido consolidando determinadas presencias ajenas a Corporación RTVE; pero en 2022 entró en vigor el nuevo código de conducta y restringe mucho la presencia de personal de RTVE en agenda pública. TV Canaria debió depurar presuntamente a una presentadora porque anunciaba una marca de leche, Valsequillo, propiedad de una empresa que se investiga por el ‘caso Mediador’. Hoy esa presentadora es diputada regional del PP
La norma de CRTVE señala “el deber de todos los trabajadores de CRTVE como empleados públicos de velar por los intereses generales, con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico” y actuar con arreglo a “objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres” conforme al Estatuto Básico del Empleado Público.
El Código Ético de RTVE tiene como finalidad establecer las políticas, principios, objetivos y valores que, con absoluta transparencia, han de presidir el comportamiento de todos sus administradores y empleados en su desempeño diario, en lo que respecta a las relaciones e interacciones que mantienen con todos sus grupos de interés, consolidando una cultura y unas pautas de actuación responsable que sean compartidas, aceptadas y respetadas por todas las personas a las que resulta de aplicación. Éstos son los propios empleados, los clientes, los proveedores y colaboradores externos, los accionistas, las instituciones públicas y privadas y la sociedad en general.
Este Código se basa en la definición de la Misión, Visión y Valores de RTVE, a los que complementa, y constituye una guía de actuación para asegurar un “comportamiento adecuado” en el desempeño profesional de sus empleados. “RTVE no tolera ningún acto de corrupción, en ninguna de sus modalidades. Los empleados deberán evitar en todo caso la realización de prácticas no éticas para la obtención de un beneficio para la compañía y/o para ellos mismos, especialmente cuando dichas prácticas sean constitutivas de delito. La responsabilidad penal o administrativa en materia de corrupción afecta no solamente a la empresa infractora y/o persona física que la haya cometido, sino también a RTVE”, señala el documento.
Gara Hernández