El ruido de sables –nunca mejor dicho– sobre una posible suspensión del Carnaval de la calle en Santa Cruz vuelve quince años después en la atípica celebración del verano. Entonces, en 2007, el que era teniente de alcalde del gobierno de Miguel Zerolo (CC), el popular Ángel Llanos, jugó un papel clave en sellar la paz con el mediático abogado Felipe Campos que defendía a una decena de comunidades de vecinos. Estas pedían que no se celebrara la fiesta en la calle por «exceso de ruido». El posterior cambio en 2011 de la Ley del Ruido –siempre los decibelios por medio– en el Parlamento de Canarias ratificó aquel acuerdo final.

Las primeras denuncias comenzaron en 2006. Luego, en 2007, a 24 horas escasas para iniciar los bailes en la vía pública, el TSJC evita la suspensión, pero impone unas medidas correctoras que limitan el sonido de los kioscos. Felipe Campos acudía casi cada noche al Palacio de Justicia a presentar una denuncia por el exceso de decibelios.

Dos hechos marcan el posterior devenir de los acontecimientos. Por una parte, Zerolo consigue un acuerdo unánime del Parlamento de Canarias para modificar la Ley de Actividades Clasificadas. Por otro lado, antes de las elecciones municipales de mayo de 2007, el candidato del PP, Ángel Llanos, mantiene unas primeras reuniones con Campos y representantes de los vecinos que presentaron la denuncia. Llanos se compromete, si llega a la Alcaldía, a poner freno al insoportable ruido en las calles del Carnaval.

El pibe de Ofra, como se autodenominó Llanos, no logró el bastón de mando, pero se convirtió en primer teniente de alcalde con Zerolo, en virtud del pacto CC y PP. Llanos logra un acuerdo con los denunciantes para salvar los Carnavales del año siguiente, 2008, a través de un decálogo en el que se recoge el pacto de voluntades rubricado por el propio Llanos y el letrado Felipe Campos. Después de la revisión de 2009, se mantiene como hoja de ruta. Mejor dicho, se mantenía hasta ahora. Nunca se llegó a pedir la ejecución de la sentencia del TSJC de 2007 de la que ya han transcurrido quince largos años.

En aquel 2007, el propio Llanos, la concejal de Fiestas y el entonces jefe de la Policía Local Onrrubia fueron kiosco a kiosco para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras bajo la amenaza de que, en caso contrario, serían apercibidos o cerrados. Como ocurrió el sábado de Carnaval con El Águila.

El 5 de abril de 2011 el Parlamento canario incluye en sus artículos 50 y 51 de la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos una referencia que da patente de corso al Carnaval, pues afecta a las fiestas populares tradicionales y declaradas de interés turístico de Canarias. Una tabla de salvación para evitar la suspensión del Carnaval en las calles de Santa Cruz de Tenerife. O eso parecía.

José Domingo Méndez eldia.es

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