La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha afirmado este jueves, tras conocerse el inicio la próxima semana del juicio contra el exconcejal socialista de Festejos de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín, que el criterio usado por la Fiscalía en su escrito de acusación es “plenamente aplicable” a los hechos denunciados en el caso de la Sociedad de Promoción.
Delgado se refirió de esta manera a los escritos, aceptados a trámite y constituidos en Diligencias Previas, presentados por el Grupo Municipal Popular ante la Fiscalía Anticorrupción, en relación con la existencia de una posible de trama de empresas que de forma recurrente se habría estado beneficiando de las adjudicaciones de esta empresa 100% municipal, que tiene por objeto ejecutar la política cultural y de festejos en la capital grancanaria.
“Solo en 2023 la Sociedad de Promoción formalizó 4.044 contratos menores por importe de 9,3 millones de euros. En un solo día se llegaron a firmar 264 contratos por importe de 840.998,44 euros, para la prestación de servicios que, a nuestro juicio, y como ha demostrado el tiempo, debieron ser sacados a licitación”, recordó la portavoz del PP en la capital grancanaria.
A la derecha, Josué Quevedo. Junto a él, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. En el otro extremo de la imagen, Inmaculada Medina, concejal de Servicios Públicos y Carnaval y miembro del consejo de la Sociedad de Promoción./ ARCHIVO
Los escritos
Delgado también aludió a las decisiones que con posterioridad a la presentación de los escritos ha ido adoptado el Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción, al haber licitado, por ejemplo, el servicio de agencias de viaje.
“Hay hechos difícilmente justificables y que adjuntamos en nuestro escrito, como la adjudicación de las carpas del carnaval del pasado año, por un importe de 199.000 euros, al existir clarísimas vinculaciones entre las tres empresas a las que se solicitó presupuesto”, recuerda.
“Esta es una de las cuestiones que la Fiscalía ha apreciado para formular denuncia contra el exedil de Festejos del PSOE en el caso de Santa Cruz de Tenerife, al señalar con rotundidad de una presunta simulación de concurrencia de empresas, cuando la realidad es que tal competencia era inexistente y se sabía de antemano qué empresarios iba a realizar el montaje de dichas infraestructuras”, alega Delgado.
Contratos fraccionados
“También creemos que, al igual que ha apreciado la Fiscalía en el caso de Santa Cruz de Tenerife, se han podido fraccionar contratos para adjudicar servicios a través de menores, cuando debieron licitarse mediante procedimientos abiertos. Por hechos como este, el exconcejal socialista se enfrenta a 12 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación”, precisó la portavoz popular.
Además del presunto delito de prevaricación administrativa, por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de inhabilitación de 12 años para el máximo responsable de Festejos en Santa Cruz, el PP agregó en sus escritos la posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos. “Tenemos la convicción de que hemos hecho lo correcto velando por el cumplimiento de la ley en la Sociedad de Promoción”, enfatizó la líder del PP en la capital grancanaria.
M. Moreno 