El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alfonso Cabello, reconoce que la decisión de aplazar el Carnaval de los meses de febrero a marzo –cuando se tenía que celebrar según el calendario tradicional– a junio tendrá consecuencias económicas para la organización. ¿El motivo? Proveedores y participantes en las carnestolendas chicharreras han iniciado los respectivos expedientes para la reclamación de cantidades económicas que les permitan paliar el sobrecoste añadido que les supone la contratación del personal durante los cuatro meses de ampliación del calendario o los gastos ocasionados por el alquiler de naves para guardar sus trajes o decorados.

Según la respuesta facilitada por Cabello a solicitud del antecesor en el cargo, Andrés Martín Casanova, proveedores y participantes en el Carnaval del reencuentro, después de los dos años sin poderse celebrar actividad con público, han iniciado la reclamación de cantidad.

Las fuentes consultadas precisan que desde la empresa constructora de la escenografía, al director artístico –en representación de su empresa– o diseñadores de trajes de reinas ya han iniciado los trámites para exigir una compensación económica por los trastornos ocasionados por la decisión adoptada por la organización de no convocar el Carnaval de Santa Cruz en febrero o marzo, cuando las normas sanitarias impedían la celebración de espectáculos con público, por lo que se optó en fijarlo en junio.

Proveedores y participantes reclaman la compensación al asegurar que la decisión les provoca un perjuicio económico que aún no está calculado en total, si bien cada uno deberá acreditar las pérdidas que exigen.

Humberto Gonar eldia.es

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