Hay una izquierda a la que le encanta darse baños de notoriedad convocando a los medios de comunicación, sobre todo gráficos, a las puertas de los juzgados y mentando dos palabras: Fiscalía Anticorrupción. Saben sus intérpretes que el magnetismo de la acción les reporta retratos y titulares en la prensa, igual que abundancia de minutos de espacios televisivos y radiofónicos, a base de proyectar oscuras sombras de ilegalidad sobre las cabezas de sus pretendidas presas políticas.
Vestidos de pretenciosos adalides del decoro, lo de menos es el fundamento de sus denuncias, por más que sepan de antemano que el plato contiene poca chicha. Basta con que tome cuerpo de suflé y se mantenga hinchado durante un periodo determinado. El tiempo suficiente para ensuciar la imagen del adversario, en tanto se dirime la verdadera sustancia de su denuncia. Qué más da, si en política vale todo, justifican para sus adentros.
Por desgracia, el Ayuntamiento de nuestra ciudad reúne entre sus concejales algunos exponentes de ese tipo de político de izquierda, con cuyo manto se siente revestido de una presunta superioridad moral. Es el caso de Ramón Trujillo, portavoz del grupo Unidas Podemos, que en octubre de hace ahora un año se lanzó a poner en práctica este ejercicio ante la sede de los Juzgados de la capital tinerfeña.
Por entonces, desde el gobierno socialista de Patricia Hernández se filtraba a medios informaciones sesgadas sobre la supuesta turbidez en la contratación de Juan Luis Guerra para el Carnaval de 2019. Unos y otros, los gobernantes y sus cooperadores necesarios, competían por obtener el mayor rédito mediático posible. Ruido, maledicencias, canalladas… Todo valía con tal de deslucir el rotundo éxito alcanzado con aquel concierto, dentro de un Carnaval inolvidable, bajo el gobierno de Coalición Canaria. Miserias de la política.
Aunque la contratación tuvo el visto bueno de todos los estamentos administrativos, incluida la Intervención de Fondos, desde nuestro grupo municipal se solicitó a la alcaldesa que abriese un expediente reservado de carácter interno para aclarar del todo esta situación, precisamente porque éramos y siempre hemos sido los primeros interesados. Sin embargo, resultaba evidente que el objetivo de Hernández, Trujillo y sus palmeros era otro. Se trataba de zaherir al adversario sin reparar en las formas. Con elementos del viejo manual de esa cierta izquierda tan rancia como trasnochada que solo dispone de bronca política como única e insolvente estrategia.
Transcurrido un año desde entonces, la Fiscalía Provincial ha decidido el archivo de las diligencias preliminares de investigación abiertas tras la denuncia. Analizada toda la documentación administrativa remitida por el Ayuntamiento, el ministerio público concluye en afirmar que los hechos no tienen relevancia penal alguna. Ni prevaricación ni malversación de caudales públicos. El suflé de Ramón Trujillo acabó por desinflarse. Un nuevo borrón en su expediente político, igual que en el de Hernández, a quien sirvió desinteresadamente (o no) durante su aciago paso por la Alcaldía.
De ninguno de ellos esperemos reparaciones en el honor de las personas a las que trataron de ultrajar. Se requiere de una altura moral a la que no llegan ni de puntillas. Pero cabe preguntarse: ¿Y ahora qué? Después de tanto daño a tanta gente, como a la concejala y al personal de Fiestas, extensible al conjunto del Carnaval y de una ciudad que vio cómo se trató de manchar su prestigio más allá de nuestras fronteras, ¿alguien va a pedir disculpas? ¿Alguien va a presentar su dimisión?
Me temo que pedir perdón, excusarse o presentar la dimisión es un ejercicio de humildad y valentía política que ya han demostrado que son incapaces de afrontar.
¿Alguien pedirá perdón por el daño al Carnaval y a Santa Cruz?