El Carnaval de Santa Cruz 2022 no solo es atípico porque se celebra en junio, sino también por todos los contratiempos que la fiesta ha tenido que ir superando con la pandemia marcando el paso. El último de esos dolores de cabeza es el escrito que los vecinos de un edificio ubicado en el entorno de la plaza Weyler ha presentado en el Ayuntamiento de Santa Cruz exigiendo que se silencie el Carnaval, prohibiendo la música, los conciertos y los kioscos y barras, y que, en caso de no ser posible, que se proceda a su traslado a una zona no residencial de forma que se respeten sus derechos fundamentales.

El citado escrito, en el que se indica que es una reiteración de peticiones anteriores, concluye señalando que “la celebración del denominado Carnaval se traslade a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos dada su incompatibilidad con los usos propios del carácter residencial del entorno, al vulnerar la normativa sobre patrimonio histórico y medio ambiente, así como la normativa sobre ruido. Ello a la vista de que no es posible adoptar respecto de dicho evento medidas eficaces que impidan dichos incumplimientos, así como las consecuencias para los vecinos afectados de los efectos directos e indirectos, acumulativos y aditivos”.

Y es que estos vecinos recuerdan que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del año 2007 en el que ya se le dio la razón a los vecinos del centro sobre el exceso de ruido, y en la que se apuntaba que si no se podía limitar el sonido, que se trasladara a zonas no residenciales a chiringuitos, kioscos y demás fuentes de ruido. Entonces se llegó a un acuerdo con los vecinos y desde entonces impera los limitadores de sonido y los horarios para que acabe el Carnaval nocturno.

Estos vecinos exigen que se cumpla esa sentencia íntegra pues entienden que no se ha conseguido limitar el alcance del Carnaval en lo referente a su derecho al descanso.

En concreto, solicitan, que si el Ayuntamiento no es capaz de limitar estos daños, no se autorice la ocupación del suelo público; que no se coloquen barras ni altavoces en la calle, ni se autoricen conciertos; que se inspeccione y controle a locales y actividades a fin de acreditar si tienen autorización; que se inspeccione y controle a los locales a fin de verificar que cumplen el aforo, horario, licencias y autorizaciones; que se prohíba a los locales que no tienen autorización para emitir música a hacerlo efectuando los controles e inspecciones que correspondan; que se controlen y eviten aglomeraciones en la calle; y se realice la comprobación mediante informes técnicos y mediciones del cumplimiento de los límites legales. También piden que se les indemnice por lo sufrido hasta ahora y por los daños que se sigan causando.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, reconoce que le preocupa y ocupa este escrito presentado por registro de entrada el pasado 8 de junio. “Un escrito que lo que pide es silenciar de facto el Carnaval”, apunta. Asegura que le “entristece” que “que un grupo de chicharreros vean el Carnaval de esta forma y no como lo vemos otros, que es el de un movimiento económico brutal, y la identidad de nuestra ciudad”, para añadir que, “en el Ayuntamiento llevamos desde 2007 implementando medidas para reducir las molestias que ocasiona el Carnaval”.

Cabello detalla que desde aquel 2007, en el que precisamente él era gerente de Fiestas, se ha avanzado mucho. “Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz a través del Parlamento de Canarias, se propició algún cambio legislativo como el de la ley 7/2011 del 5 de abril, en la que, en su artículo 50 se ampara a toda una fiesta de Interés Turístico Internacional como es el Carnaval, y que se podrá realizar siempre que se den una serie de circunstancias”.

Esos condicionantes son la elaboración de una serie de documentos como el plan de autoprotección, un estudio de impacto acústico, y la implantación de medidas correctoras. “Eso lo tenemos en marcha en los últimos años y se ha evolucionado mucho. Antes no había un horario de música, ahora sí lo hay, y todos los escenarios y las fuentes de ruido están limitadas a 85 a 96 o a 105 decibelios”, defiende el edil de Fiestas. “Los 105 decibelios -continúa- se corresponden con los escenarios del Ayuntamiento porque llevan música en directo, mientras que los otros dos límite son los de kioscos, siendo el de 96 solo para los kioscos que se ajusten a lo que señala el estudio de impacto acústico”.

Recuerda Cabello que el control del ruido se hace a través de limitadores de sonido. “Esto quiere decir que si intenta subir el volumen lo corrige solo, y también son aparatos registradores porque están precintados, de forma que al terminar el día emiten un certificado que se ha de entregar al terminar el Carnaval, y si está alterado, se sanciona al ingeniero y al responsable del incumplimiento”.

“Se ha hecho un esfuerzo a lo largo de los últimos 15 años para controlar el volumen de molestias, pero esta claro que un Carnaval que con 250.000 personas en la calle genera molestias”, apunta el edil, para añadir que, “desde mi perspectiva personal y como concejal de Fiestas, es mucho más beneficio el que da a la ciudad que los inconvenientes”.

“No entiendo, ni nunca entendería, el Carnaval fuera del entorno histórico donde se produce, tampoco hemos permitido que crezca, el Carnaval sube y baja. Empezó muy pegado al mar con los kioscos universitarios, comenzó a subir, pero nunca más arriba del Orche, y ahora vuelve a estar bajando, como una ola que se retira”, añade.

El edil concluye apuntando que “no entiendo un carnaval sin música en la calle, creo que por el bien de la fiesta no debemos hacer más concesiones en términos que signifiquen menos música”.

Natalia Torrres Diario de Avisos

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