Un informe emitido por el interventor general del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alejandro Rodríguez, llama la atención al Organismo Autónomo de Fiestas sobre las continuas modificaciones de crédito que se suceden año tras año para cubrir sus necesidades económicas, por lo que también plantea adaptar la naturaleza jurídica del ente que tiene a su cargo la gestión de fiestas y actividades recreativas.
Estas consideraciones motivan precisamente la decisión del alcalde José Manuel Bermúdez de iniciar un estudio para que antes del 1 de julio del próximo año el organismo autónomo se transforme en una entidad pública empresarial, como también plantea el propio interventor.
Ambas conclusiones se incluyen en el estudio que se realiza a solicitud de la portavoz socialista, Patricia Hernández, a raíz de la segunda modificación de crédito extraordinario para cubrir las necesidades del Organismo Autónomo de Fiestas.
Este ente tenía para este año un presupuesto de siete millones de euros, si bien «la gestión realizada en el primer semestre del ejercicio ya había agotado el crédito previsto en la previsión para todo el año, una constante en el organismo como puede observarse en las liquidaciones presupuestarias de ejercicios pasados». Ante esta situación, era fundamental la modificación para poder continuar con la programación de cara a Navidad y a los gastos del Carnaval 2024.
A los siete millones de presupuesto inicial, el equipo de gobierno ha realizado hasta la fecha dos modificaciones de créditos. La primera, de 1,3 millones, que se hizo efectiva en marzo, cuando se traspasó dicha cuantía desde la Concejalía de Cultura al Organismo Autónomo de Fiestas, y una segunda, en septiembre, con cargo al remanente de Tesorería, por otros 1,3 millones. De esta forma, la Concejalía que se encarga de la organización del Carnaval y Navidad, entre otras celebraciones, finalizará el año con un presupuesto de casi diez millones, tres más de lo que estaba previsto inicialmente.
Reflexión del interventor
Desde Intervención se plantea una reflexión que determine si tiene sentido que la gestión se adecue al régimen de los entes públicos sujetos a presupuesto limitativo, como ocurre en el caso del organismo autónomo, o es mejor acudir a otras figuras sujetas al régimen del presupuesto estimativo, como son las sociedades mercantiles o, la solución más cercana, la de una entidad pública empresarial.
El autor del informe asegura que «se hace necesaria una revaluación, desde la óptica de la eficacia y la eficiencia, de los recursos asignados al Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, puesto que o bien se encuentra infrafinanciada en sus necesidades reales de gasto, o bien, de manera continuada, su gestión se está desarrollando sin tener en cuenta las limitaciones que cada presupuesto anual impone».
De ahí que el interventor emita el informe de conformidad que es preceptivo para la aprobación de la modificación de crédito, si bien le advierte que tiene que readaptar el organismo autonómico a las necesidades reales de la gestión para evitar las continuas modificaciones de créditos en el área de Fiestas.
Javier Caraballero, nuevo responsable del Organismo Autónomo de Fiestas, advirtió que los gastos que afronta su área están supeditados al notable aumento en las contrataciones de suministros y actividades que se han registrado después de la pandemia, para añadir que las modificaciones para la ampliación presupuestaria han sido la tónica habitual durante años, tal y como reconoce el informe de la Intervención General, con independencia del signo político del gestor de esta concejalía.
Más allá de la necesaria actualización de los precios al mercado, Javier Caraballero considera fundamental el estudio que ha encargado el alcalde de Santa Cruz que determinará el nuevo modelo para la gestión, tal y como plantea Intervención, avanzando en esa entidad pública empresarial que se asemeja más a la fórmula de la Sociedad de Desarrollo para facilitar, una fórmula a determinar antes de julio.
Humberto Gonar 