Equipo audiovisual tanto de televisión como de sonido, accesorios para complementarlos o servicios para instalarlo todo. No se trata de una carta a los reyes magos, es lo que incluía un acuerdo de 510.390 euros adjudicado por la Sociedad de Promoción de Las Palmas a la empresa Sonocom para el Carnaval 2024. A priori todo parece normal, pero la querella presentada por el Partido Popular (PP) en la Fiscalía Anticorrupción —que señala por presunta malversación y prevaricación a la alcaldesa, Carolina Darias; la actual presidenta de la empresa pública, Inmaculada Medina; y a su predecesora en el cargo, Encarna Galván— apunta que, supuestamente, no cumple con la Ley de Contratos del Sector Público.
El documento, al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, establece que la compañía propiedad del Ayuntamiento capitalino puede haber vulnerado el artículo 21 de la norma estatal, un apartado donde se refleja que los contratos de suministros —como era el caso— tienen un límite que oscila entre los 143.000 euros y los 221.000 —todo depende de quién lo adjudique y el objetivo de la licitación—. El principal partido de la oposición en el Consistorio lo ve como “un posible fraude de ley” porque, además, se gestionó mediante un negociado sin publicidad —modalidad popularmente conocida como ‘a dedo’—, un sistema que ha empleado “para la práctica totalidad de servicios”.
¿Imprevisible?
El contrato, que tenía el objetivo de alquilar el suministro e instalación de los elementos y estructuras de iluminación, vídeo y sonido para el Carnaval 2024, se adjudicó a la compañía el pasado 18 de enero. Tan solo una semana antes de que empezara la fiesta más multitudinaria de la ciudad. Llama la atención lo cercano a las dos fechas tratándose de una cantidad económica tan elevada. Al final todo salió en orden tras haber sido gestionado sin concurrencia competitiva, aunque en el Ayuntamiento tienen una explicación.
Medina, la responsable del área de Carnaval, detalló en una comisión de pleno el pasado 9 de abril que la culpa la tuvo el cambio de ubicación de la fiesta a causa del soterramiento para que el tramo 7 de la MetroGuagua fuera una realidad, que pasó de desarrollarse en Santa Catalina para tener lugar en La Isleta. “La falta de localización concreta provocó un retraso en la ejecución de las obras que no pudieron llevarse a cabo hasta contar con la ubicación concreta”, esgrimió.
Los populares no están de acuerdo con la tesis de la edil. En el texto señalan que el Carnaval, al ser un acontecimiento que se celebra todos los años por las mismas fechas desde el año 1976 con el mismo formato, no puede responder a un imprevisto para el órgano de contratación, que de hecho lo gestiona desde 2001. “En efecto, imprevisible es, según la RAE, que no se puede prever, un acontecimiento inesperado, imprevisto, impensado, fortuito, repentino o inopinado”, subrayan.
Entre las conclusiones redactadas en la querella está que la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, al suponer una limitación a los principios de publicidad y concurrencia, presenta carácter excepcional. “Si la justificación no existe, es incorrecta o no se ajusta al supuesto establecido, el proceso empleado no será el correcto y se estará vulnerando la legalidad, infringiendo, entre otros, los principios de igualdad de trato y libertad de acceso a las licitaciones y deberá recurrirse a un procedimiento ordinario, ya sea abierto o restringido”, añade.
Inmaculada Medina, presidenta de la Sociedad de Promoción de Las Palmas, empresa municipal que cerró 2023 con un déficit de 3,2 millones de euros y una deuda de 7,1 millones de euros a proveedores. / AH
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El agujero
“En el negociado sin publicidad, la concurrencia solo se asegura mediante el cumplimiento del requisito de solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto, siempre que ello sea posible, debiendo dejar constancia en el expediente de las invitaciones cursadas, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo”. desarrolla.
La Sociedad de Promoción se ha llevado todas las miradas desde el Consejo de Administración celebrado el pasado mes de marzo —cuando cesaron durante dos meses al exgerente—. Aquel día salió a la luz, por ejemplo, que cuenta con un déficit de 3,2 millones. Un agujero que se hacía cada vez más hondo mientras en 2023 adjudicaban hasta 4.044 contratos menores —acuerdos que no pueden superar los 15.000 euros—. La cosa no queda ahí porque también se conoció una deuda de 7,8 millones con los proveedores, aunque en el pleno del pasado viernes, el Ayuntamiento aprobó una inyección de 3,9 millones para saldar los compromisos pendientes del año pasado.
Marcos Moreno 