La Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, ente público dependiente del Ayuntamiento de la capital, y que tiene por objeto el desarrollo de la ciudad “en la producción, gestión y difusión de actividades culturales; así como la comercialización de aquellos productos o servicios a que den lugar las actuaciones societarias”, ha protagonizado diferentes episodios con respecto al estado de sus cuentas, que en los últimos tiempos se ha visto recrudecido por la insistencia del Partido Popular en aclarar las cifras presentadas por el consejo de administración de la empresa municipal y que reflejan pérdidas e impagos que se vienen produciendo en esta y anteriores legislaturas, casi todas gobernadas por el PSOE.
Tanto es así que hace una semana el Grupo Municipal Popular registraba en la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas un escrito de denuncia en relación a la “comisión de presuntos delitos cometidos en la gestión de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria” (SPGC). Según su portavoz, Jimena Delgado, esta decisión “ha sido largamente meditada” y refleja el resultado del estudio pormenorizado de cientos de documentos relacionados con las contrataciones de este ente público durante los últimos nueve años.
El escrito de denuncia va dirigido contra Inmaculada Medina como actual presidenta de SPGC y vicepresidenta en el mandato pasado, Encarna Galván (como presidenta el pasado mandato) y la alcaldesa Carolina Darias, “tras haberle remitido escrito poniéndole en conocimiento todos estos hechos y no haber hecho nada, ni tan siquiera respondernos ni convocarnos a una reunión de trabajo”. Desde el banco popular explican que “los presuntos delitos que consideramos que podían haberse cometido son los de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos”.
El escrito de denuncia va dirigido contra Inmaculada Inmaculada Medina, Encarna Galván y Carolina Darias
Fruto del reseñado estudio, y con el asesoramiento de un gabinete jurídico, “podemos concluir que, a tenor del informe final emitido, se han cometido presuntamente delitos en el seno de la Sociedad de Promoción que el Grupo Municipal Popular no puede obviar”. El hecho de que el PP haya puesto toda la información en conocimiento de la alcaldesa, contenida en un dossier de 300 páginas en el que se basa fundamentalmente esta denuncia, y que Carolina Darias no haya emitido contestación alguna, ha motivado que los populares se han “visto obligados” a poner en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas el escrito que denuncia los hechos así como la documentación en la que se apoya.
Dicho exhaustivo análisis de las cuentas se inició a raíz de la celebración, el pasado 27 de marzo, del Consejo de Administración de la Sociedad en el que se informó de las pérdidas recurrentes que un año más había experimentado el ente público y que “ascendían a los 3,2 millones de euros, doblando las del año anterior, también de las acumuladas de más de 11 millones, de las deudas pendientes con proveedores por encima de los 7 millones y de la posterior necesidad conocida de revisar las cuentas ya auditadas, donde afloraron más de 690.000 euros añadidos a las cantidades ya referidas”. Así, las 300 páginas de documentación dejan claro que el “82 % del presupuesto ha sido concedido a contratos menores y contratos a dedo”, resume Jimena Delgado.
Además de todo lo anteriormente expuesto, el PP se mostró especialmente contrariado con la actitud exhibida por la máxima responsable del Consistorio palmense, ya no sólo con respecto a las cuentas y a la presunta comisión de irregularidades, sino que tras indicar “explícitamente” que los gastos se iban a ajustar “estrictamente” a los presupuestos, “permitiera que el gasto final del primer Carnaval de su mandato subiera hasta los 7.354.000 euros, cuando el presupuesto, junto con el de las fiestas de la ciudad, no debía de superar los 6.500.000 euros”.
Las 300 páginas de documentación dejan claro que el “82 % del presupuesto ha sido concedido a contratos menores y contratos a dedo”, resume Jimena Delgado
En los inicios del mes de abril, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento capitalino preguntaba a Carolina Darias si entraba en sus planes apartar de sus responsabilidades en la Sociedad de Promoción a Inmaculada Medina, actual presidenta del ente público, y a Adrián Santana, concejal de Cultura, por formar parte del grupo de personas que había tomado las decisiones políticas que han llevado a la empresa municipal a su actual situación, con 11 millones de pérdidas acumuladas y siete millones en deudas a proveedores solo en el año 2023.
Tan sólo una semana después la alcaldesa de la ciudad capitalina se mostraba partidaria de llevar a cabo una revisión de las cuentas de la Sociedad de Promoción, asegurando que “no hay nada que ocultar”. Carolina Darias ofrecía así su “total apoyo” a la decisión del consejo de administración de la institución de revisar los últimos cinco ejercicios no prescritos, tras conocerse la existencia de facturas que no tenían su asiento contable.
Se debe recordar que dicho consejo de administración de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria había aprobado, el pasado 27 de marzo, sus cuentas de 2023, con un déficit de 3,2 millones de euros, cifra que lejos de reducir la deuda que arrastraba desde 2022 (1,6 millones de euros) la ha duplicado. Además, se estima en más de 7 millones la cantidad que se le debe a los proveedores tan sólo durante el pasado año. Para aclarar esta situación, en la misma reunión se decidió apartar temporalmente al gerente de la entidad municipal, Agustín Díaz –que posteriormente fue despedido–, y se acordó también encargar una auditoría externa de los últimos cinco años de actividad.
El penúltimo episodio de la saga que protagoniza la Sociedad de Promoción de la urbe palmense, antes del escrito de denuncia presentado por el PP, se gestaba el 24 de abril cuando el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidía rechazar la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la empresa pública. Con 15 votos en contra emitidos por el grupo de gobierno municipal, y 13 a favor provenientes de los partidos que integran la oposición, se tumbó la posibilidad de arrojar luz sobre este asunto. Para justificar el resultado obtenido, Carolina Darias terminó manifestando que la deuda de la entidad es “histórica, independientemente del partido político”.
El 24 de abril el Pleno del Ayuntamiento capitalino decidió rechazar la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la empresa pública
Como no podía ser de otra manera, la portavoz del grupo Popular Municipal y principal promotora de esta petición, así como de la elaboración de la investigación, y posterior denuncia, Jimena Delgado, defendió la necesidad de esta comisión, porque, entre otras cosas, “las dos empresas con más contratos a dedo en 2023 obtuvieron 600.000 euros” aunque no deben superar los 15.000 euros, y que están en manos “de dos personas que coinciden como administradores únicos” y ofrecen servicios que “pueden dar otros proveedores”.
Yeray G. Nuez 