La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, ha defendido la legalidad del expediente de contratación del congreso de habilitados nacionales celebrado en Playa del Inglés entre el 16 y 19 de noviembre y ha acusado a Coalición Canaria, la formación que ha interpuesto contra ella una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, de querer manchar su imagen y trayectoria pública con “maniobras de descrédito”. Los nacionalistas presentaron el lunes 19 de diciembre una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el gasto de 500.000 euros por parte de los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana en un congreso para altos funcionarios que incluyó actividades paralelas como una cena de gala, un cóctel, un espectáculo de fuegos artificiales, una gala de carnaval y hasta un concierto de Dani Martín. En esa denuncia, la formación incluyó también al alcalde santaluceño, Francisco García, y las interventoras de ambos consistorios, las hermanas gemelas Tania y Noemí Naya.
En un comunicado hecho público este viernes, Narváez ha sostenido que sus actuaciones “se han ceñido en todo momento, de forma estricta, dentro de los márgenes de la legalidad en los preceptos relativos a la contratación de servicios” y ha mostrado su “plena disposición” a la Fiscalía. “Estoy a plena disposición de Fiscalía del TSJC y de cualquier otra instancia judicial para colaborar, aclarar y aportar toda la información que se me requiera, con la plena confianza y seguridad de la independencia del órgano judicial”, señaló la alcaldesa, quien ha reconocido que esta denuncia le ha provocado un “daño” como cargo público y de forma personal. En la nota, Narváez también ha manifestado su “rechazo contundente, al tiempo que sereno” a las que considera unas “maniobras de descrédito” por parte de Coalición Canaria y su portavoz en este municipio, Alejandro Marichal. “Lesionan una y otra vez mi imagen y mi trayectoria pública con el único objetivo de exterminar a una contrincante política valiéndose de la descalificación permanente, vulnerando así el principio constitucional de la presunción de inocencia”, añade.
Conchi Narváez ha reclamado respeto al trabajo de la Adminsitración de Justicia. “Siempre he sido partidaria de dejar hacer y dejar trabajar a la administración judicial, evitando derramar la intoxicación para quebrar la imagen de cualquier contendiente y generar un rédito público a costa del uso de las malas artes”, sostiene la alcaldesa en el comunicado, “y, por desgracia, esa es la estrategia emprendida hacia mi persona”. La regidora pide dar “tiempo al tiempo” para que la Fiscalía haga su trabajo y ha mostrado su “plena confianza” en las resoluciones judiciales”. “Desde la plena conciencia de que mi actuación, en este caso y en toda mi andadura como representante pública, ha estado ajustada a derecho y, de la misma forma, también desde el aspecto ético de mis decisiones, dentro y fuera de la administración pública, reitero mi plena confianza en las resoluciones judiciales”, concluye.
Esta es la segunda vez que la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana se pronuncia esta misma semana sobre la denuncia interpuesta por un grupo de la oposición tras mostrarse “muy tranquila” el pasado miércoles, al término del Pleno Extraordinario para la aprobación de los presupuestos de 2023 y sostener que esta demanda “solo es ruido”.
La denuncia interpuesta por Coalición Canaria incluye también al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, en su condición de presidente del Consorcio para la TDT, el organismo utilizado por los ayuntamientos organizadores del congreso para tramitar y adjudicar el contrato de medio millón de euros a la empresa R.S. Sonocom, y también a las interventoras de ambos consistorios, Tania y Noemí Naya, organizadoras del evento. En la demanda, los nacionalistas reclaman que se investigue la comisión de los presutos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.
R. Torres 