Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han apreciado indicios de prevaricación administrativa en la concesión de los contratos para el montaje de los escenarios de Carnaval durante la etapa de la alcaldesa socialista, Patricia Hernández, por el edil que ostentaba el Área de Fiestas, Andrés Martín Casanova.
En el informe, al que Radio Club Tenerife ha tenido acceso, se establece que dicha contratación cumple con los cuatro requisitos establecidos por el Tribunal Supremo para la prevaricación administrativa: una decisión dictada por autoridad en un asunto administrativo; objetivamente contraria al Derecho, es decir ilegal ; falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento, que ocasione un resultado materialmente injusto y que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho.
De esta forma, los Servicios Jurídicos hacen suyos el dictamen realizado por el Oficial Mayor emitido después de la comisión de investigación ordenada por el alcalde, José Manuel Bermúdez. Tal y como adelantó Radio Club Tenerife, este informe de los Servicios Jurídicos ha motivado la apertura de nuevas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife.
Pedro Murillo 