Una sentencia judicial debe entenderse, en la mayoría de los casos, sobre todo en el orden civil y administrativo, como el resultado de un fracaso sonoro en la gestión de un problema. Este fracaso se acrecienta cuando se intenta culpabilizar a las víctimas y estigmatizarlas enfrentándolas al resto de la vecindad de nuestra ciudad. Obviando en todo momento una máxima del estado de derecho: las leyes están para ser cumplidas.
La Ley del Ruido debe ser cumplida. No puede existir un estatus especial por barrios o calles, guste más o menos, el derecho al descanso debe ser igual para toda la ciudadanía. Pese a esta lógica, que no sería necesario recordar, la vecindad de Vegueta ha visto perpleja como durante las últimas décadas se han instaurado nuevas fiestas de todo tipo en el barrio histórico de la ciudad, desde la Oktoberfest, la Campanadas de Agosto, los Indianos, o el ahora cuestionado Carnaval de día, en las que ni la tradición, ni la cultura, han sido el motivo de su celebración, organización y mantenimiento, más allá de un interés por mercantilizar las fiestas por parte de los empresarios, obviando en todo momento el interés general sobre el particular.
La reciente sentencia, que manda a mudar el Carnaval de Día del barrio de Vegueta, ha levantado al unísono a los incompetentes de nuestra ciudad con el objetivo de confundir y enfrentar para intentar conseguir el favor de la opinión pública con la esperanza de que una segunda instancia corrija este cierre forzoso. Sin embargo, este ruido intenta tapar el fracaso en la gestión del ocio en un barrio histórico en el que parece que los empresarios desean que sea un plató de cine en el que en el interior de las casas no habiten personas con el objetivo de silenciar sus derechos.
Mientras tanto, los competentes para regular y gestionar el respeto de la normativa en la ciudad no han sido capaces durante décadas de regular y gestionar la celebración de eventos en el barrio de Vegueta, dejando a los organizadores privados campar a sus anchas primando el interés pecuniario sobre la seguridad, el respeto al patrimonio y el derecho al descanso. Deberíamos preguntarles ¿cómo se ha llegado a judicializar la celebración de eventos en Vegueta?, ¿cómo no han sido capaces de buscar soluciones con la participación de los/asvecinos/as?,¿cómo es posible que pase esto en nuestra ciudad, y no es la primera vez, mientras en otras ciudades sí es posible la realización de eventos?
Quizás la respuesta sea sencilla, se ha dejado en manos de los interlocutores incompetentes la gestión del ocio del barrio, mientras que los competentes han asistido silenciosos, como meros espectadores, sobrepasados por los hechos, renunciando a la autocrítica, sumándose al ruido de los titulares, dejando a la vecindad el único camino de acudir a los tribunales para que se cumplan las leyes y se respeten sus derechos.
Alejandro Peñafiel Hernández/Presidente AAVV Vegueta Santo Domingo