La gestión de la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria y la celebración de los últimos carnavales acaban en la Fiscalía, que ahora también deberá analizar si existen o no indicios de delito en la actuación del nuevo equipo de gobierno municipal.

El Partido Popular (PP) ha denunciado por los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos a la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, a la concejala de Aguas, Fiestas y Carnaval, Inmaculada Medina, y a la anterior presidenta de la Sociedad de Promoción, Encarna Galván, que fue concejala durante la etapa de Augusto Hidalgo, mandato respecto al cual se remontan la mayor parte de los actos culturales y eventos promocionales cuestionados por los conservadores.

La denuncia está firmada por la portavoz municipal de los populares, Jimena Delgado, se presentó el pasado viernes y va dirigida a la Fiscalía Anticorrupción, aunque hay otra formulada en abril de 2022 por Pepa Luzardo y Ángel Sabroso, también contra la Sociedad de Promoción y su «modus operandi», la cual ha sido objeto de varias ampliaciones y es tramitada en la actualidad por la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

Fraccionamiento de contratos
El PP, en síntesis, acusa al gobierno local de eludir de manera «sistemática» la Ley de Contratos del Sector Público, sobre todo en la organización de las fiestas de carnaval a través de la Sociedad de Promoción, con el fraccionamiento de los contratos para eludir los concursos públicos y el uso ilegal del procedimiento negociado sin publicidad para «adjudicar importes millonarios a terceros afines».

La nueva denuncia solicita a la Fiscalía Anticorrupción que investigue la gestión de la Sociedad de Promoción en los últimos diez años, con especial incidencia en los ejercicios 2022, 2023 y 2024, que es donde el PP detecta un «fraude palmario» en la contratación y las adjudicaciones de la empresa pública, con hechos que «exceden» lo administrativo y «se adentran claramente en el ámbito de lo penal».

Desde 2016 a 2024, el presupuesto de la Sociedad de Promoción se ha incrementado más de un 200 %, pues ha pasado de los 6,4 millones a los 19,4 de este año. Pese a ese aumento de fondos, el Ayuntamiento tuvo que transferir en 2022 y 2023 diferentes cantidades para compensar el «exceso de gasto» motivado por el «sobrecoste» de los eventos, en torno a los cuatro y cinco millones en cada uno de los dos ejercicios.

Cuentas anuales
Pero todas las alarmas saltan para el PP el pasado 27 de marzo, que es cuando el consejo de administración de la Sociedad de Promoción formula las cuentas anuales, con hasta 11 millones «pérdidas por los ejercicios pendientes de compensar».

Las bases imponibles negativas, según la denuncia, ascienden a 2,4 millones en 2007; a 3,7 millones en 2008; a 215.490 euros en 2011; a 1,6 millones en 2022, y a los 3 millones en 2023.

El déficit sin justificación en la memoria anual del año pasado se dispara un 101 %, destaca el PP, que se niega a firmar la formulación de las cuentas y, tras pedir sin éxito una comisión de investigación al equipo de Darias, ha optado por denunciar los hechos en Fiscalía.

Cese del gerente
La situación, además, se agrava con la dimisión de la secretaria del departamento jurídico y, sobre todo, con el cese y posterior despido de Agustín Díaz, gerente y responsable financiero de la Sociedad de Promoción, pues las cuentas no reflejan la realidad contable de la empresa municipal y se encarga una auditoría interna de los últimos cinco años.

El PP achaca la multiplicación de las pérdidas en 2022 y 2023 a un «fraude palmario» en la contratación de servicios y suministros, que es «troceada sistemáticamente» para «eludir las obligaciones de licitación» y «poder adjudicarlos directamente como contratos menores», sin olvidar el abuso del procedimiento negociado sin publicidad.

Así, en 2022, el 50 % de los contratos fueron menores, por un importe total de 6,8 millones, mientras que el 31 % se realizó mediante negociados sin publicidad, por valor de 4,2 millones.

Más anomalías
En 2023, a juicio del PP, ocurrió «más de lo mismo». Se formalizaron 4.044 contratos menores por 9,3 millones de euros, así como 116 contratos negociados sin publicidad por 8,9 millones. En total, 18,3 millones gastados «sin ningún tipo de concurrencia pública», con un aumento del 36 % y del 112 % en el uso esos tipos de adjudicación con respecto al año anterior.

Este «modus operandi», recoge la denuncia, «continúa en la organización del Carnaval de 2024», donde «de nuevo se observa» la utilización del procedimiento negociado sin publicidad «para la contratación de la práctica totalidad de los servicios y suministros».

Los populares señalan dos adjudicaciones en las que supuestamente se incumplen los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público: el suministro en régimen de alquiler de las carpas y tarimas para montar el escenario del Carnaval, que asciende a 199.000 euros, y la instalación de toda la estructura de iluminación, vídeo y sonido de las fiestas, con 477.000 euros.

Los populares recuerdan que el carnaval se celebran todos los años en las mismas fechas desde 1976 y, por tanto, no está justificada la «imperiosa urgencia» alegada para prescindir del proceso ordinario de contratación, máxime cuando la imposibilidad de usar el parque Santa Catalina por las obras de la MetroGuagua era conocida desde el mandato anterior.

M. R.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *