El concejal del PP Ignacio Guerra denunció este martes, en la comisión de Organización, Funcionamiento y Régimen General, el abuso al recurso de contratos sin publicidad en la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria durante la defensa de una moción para que la licitación de los contratos de carnaval se base en los principios de «transparencia, justicia, legalidad y libre competencia». El PP considera que la adjudicación de casi 8,5 millones de euros por el procedimiento negociado y sin publicidad, que permite la legislación, muestra una falta de transparencia que engarzan con la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de realizar una auditoría externa de las cuentas y de apartar, durante dos meses, al gerente, Agustín Díaz, con un permiso retribuido, a la espera de los resultados de esta investigación de las cuentas.
El PP criticó que en 2023 se hubiera suscrito 3.892 contratos menores (tal y como adelantó CANARIAS7 el 6 de abril) y solo se hubiera optado por la vía ordinaria en diez contrataciones, por valor de 1,2 millones de euros.
Sin embargo, la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, le recordó que los contratos menores y el procedimiento de negociación sin publicidad son perfectamente legales, pues así los recoge la propia legislación sobre la contratación pública. «Están metidos en el fango porque la gaviota (en alusión al logo del PP) va a la basura», expuso, «todos los contratos se hacen desde la más estricta legalidad».
El edil Guerra discrepa de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se haya ajustado a los criterios que marca la ley para proceder a este tipo de procedimientos. La Ley de Contratos del Sector Público determina que la negociación sin publicidad requiere que «una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia».
Ajudicaciones al carnaval
En el caso de las adjudicaciones de carnaval, el PP entiende que esto no se puede sostener porque la fecha de celebración de las carnestolendas se conocía con antelación suficiente.
Pero Medina interpreta que los retrasos provocados en la obra de la MetroGuagua en el subterráneo de Santa Catalina, que obligaron a trasladar el carnaval desde el parque de Santa Catalina, y las dificultades para encontrar un lugar de celebración de la fiesta, obligaron a recurrir a esta vía legal que acorta plazos en los procedimientos.
«La falta de localización concreta provocó el retraso en la ejecución de las obras, que no pudieron llevarse a cabo hasta contar con el espacio, teniendo en cuenta que hubo que acondicionarlo para celebrar el carnaval», indicó Medina.
La concejala de Carnaval insistió en que estuvo justificado, por tanto, el recurso al procedimiento negociado y sin publicidad. «El compromiso inequívoco de este grupo de gobierno es una gestión clara, eficaz y transparente. Y es lo que hacemos. Por eso vamos a conocer la verdad de lo que ha pasado y poner soluciones», expuso en referencia a la investigación interna en la Sociedad de Promoción y en la gestión del carnaval, «generamos circuitos y logramos que el carnaval volviera a revivir las noches y no era fácil». «Cuando ustedes pidieron el Tívoli, me acerqué allí, pero no había helicópteros y tirolinas, era difícil llegar al Tívoli», ironizó. «Fue lo único que pudimos hacer una vez qu tuvimos la autorización de la Autoridad Portuaria».
Pero Guerra insistió en que hay una gestión poco transparente. Y reclamó un estudio concreto sobre la adjudicación de las carpas del carnaval. «Se hizo el encargo a tres empresas, pero dos de ellas tienen al mismo administrador y la tercera comparte el domicilio social».
Javier Darriba 