El exconcejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Andrés Martín Casanova, ha sido llamado a declarar en calidad de investigado por la contratación de los escenarios del Carnaval de 2020. Según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER, ya se han incoado las diligencias previas para la comparecencia que está pendiente de señalamiento. Esta actuación del juzgado de instrucción Número 3 de la capital tinerfeña deriva de la actuación de oficio de la Fiscal Jefe de la provincia, María Farnés, que en enero concluyó que procedía interponer denuncia contra el edil por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Los hechos ocurrieron durante el mandato de la socialista Patricia Hernández, en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de Podemos. Tras la denuncia del empresario Luciano Delgado, un expediente de información reservada encontró múltiples irregularidades en la contratación de los escenarios e infraestructuras por valor de 1,3 millones de euros. Se advirtió entonces de que se había fraccionado el objeto del contrato en múltiples contratos menores. Esto no sería posible dado que las prestaciones responden a una necesidad periódica. Dicho informe también puso de manifiesto la inexistencia de informes jurídicos en 13 expedientes analizados, por lo que el alcalde José Manuel Bermúdez encargó a los Servicios Jurídicos Municipales trasladar toda la documentación necesaria a la Fiscalía.
El caso comenzó a investigarse en los tribunales en el año 2020, incluyéndose hasta 11 expedientes de contratación del suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje de las estructuras del Carnaval a diferentes contratistas. El primero de estos expedientes se califica como “contrato mixto de suministro y servicio”, recurriendo al “procedimiento de adjudicación abierto simplificado”. En otros dos se emplea la figura de “contrato menor con adjudicación directa” y en el resto la contratación se declara “de urgencia”.
Las Diligencias procesales de la Fiscalía que han derivado en la actuación del juzgado capitalino recoge así que resulta “reprochable a la Administración la falta de previsión (…) en cuanto al impulso del expediente originario que tenía por objeto una contratación en bloque” y concluye que “los diferentes expedientes mentados se adjudican a diversas empresas pero no consta que se hubiera asegurado una alteridad y reparto de los fondos públicos adecuada, pese a que todas las contrataciones contaron respaldo presupuestario y aquiescencia por el órgano de fiscalización”.
El origen de la denuncia
Fue el empresario Luciano Delgado quien denunció en 2020 la detección de lo que a su juicio eran irregularidades. La denuncia fue recogida en comparecencia el 16 de octubre. En ella, reprocha que el Ayuntamiento no tuviera tiempo entre diciembre de 2019 y el 14 de febrero de 2020 de adjudicar el contrato de servicio de estructuras técnicas, expone una presunta subcontratación de empresas sin constar autorización por parte del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas y asegura que algunas de las empresas “tiene relación comercial, laboral o de domicilio social”.
