Una empresa anónima impugnó el contrato de emergencia a FCC por 2 millones de euros al mes. La demanda denunció “desidia administrativa” y falta de transparencia, en plena antesala de las fiestas más multitudinarias de la ciudad.
Mientras la ciudad se engalanaba para vivir uno de sus mayores exponentes culturales y turísticos, el Carnaval, la gestión de los residuos y la limpieza viaria volvieron a empañar el escenario. Un litigio judicial amenazó con poner en jaque el contrato de emergencia que el Ayuntamiento capitalino adjudicó a la empresa FCC en octubre pasado, tras declarar que la acumulación de basura en las calles suponía “un grave riesgo para la salud pública”.
La parte demandante, una compañía que solicitó permanecer en el anonimato por temor a “un daño reputacional”, presentó el 31 de marzo un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de la capital grancanaria. En el escrito se impugnaba la adjudicación directa del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, al considerar que no se cumplían los requisitos legales para declarar la situación de emergencia.
Un carnaval que exigía limpieza a la altura
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, atrae cada año a cientos de miles de visitantes. En febrero pasado, las comparsas, las murgas y las calles repletas de disfraces generaron un volumen ingente de residuos. Por ello, la garantía de un servicio de limpieza eficiente no es solo una cuestión de salubridad, sino también de proyección turística y orgullo ciudadano. Sin embargo, la polémica judicial que estalló después puso en duda si la respuesta del consistorio había sido la adecuada.
El Ayuntamiento justificó entonces la contratación de emergencia bajo tres argumentos: un absentismo laboral que alcanzaba el 40% en Recogida y el 50% en Limpieza Viaria; un aumento descontrolado de vertidos en todo el municipio; y la obsolescencia de la flota de vehículos de limpieza. No obstante, la demanda rebatió punto por punto esos motivos.
“No se puede crear la emergencia para luego excusarse en ella”
Según el escrito presentado ante los tribunales, la suciedad crónica en las calles no fue fruto de un imprevisto catastrófico, sino de “la incapacidad del Ayuntamiento para adjudicar los contratos de limpieza, anulados desde 2019, y para gestionar problemas estructurales como el absentismo, la maquinaria obsoleta o la saturación de residuos”. La empresa recurrente sostuvo que la administración había generado su propia emergencia y pretendió resolverla por la vía rápida, vulnerando los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y transparencia.
“La presión social y mediática –señalaba la demanda– no puede justificar un quebrantamiento de los procedimientos legales”. Y añadía: “Los graves problemas de salud pública que se alegan son causados o motivados por la propia desidia administrativa”.
Sobreprecio y falta de concurrencia
El contrato a FCC tuvo un coste cercano a los dos millones de euros mensuales. Para la empresa recurrente, esta adjudicación directa, sin licitación ni competencia, cercenó la posibilidad de obtener precios más ventajosos para las arcas municipales. “Se ha lesionado la hacienda municipal en un ejercicio de irresponsabilidad administrativa sin parangón en la historia de la ciudad”, denunciaba el escrito.
Además, la demandante recordó que la Comisión Europea recomienda, en casos de extrema urgencia, recurrir al procedimiento negociado, algo que el Ayuntamiento “despreció sin motivación alguna”. La legislación española, por su parte, vincula la tramitación de emergencia a acontecimientos catastróficos como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas o similares, no a una mala planificación crónica.
Un futuro incierto para las fiestas
Mientras los tribunales dirimen ahora la continuidad del contrato, la ciudad vivió su Carnaval en febrero con la incertidumbre de si el servicio de limpieza estaría a la altura de un evento que exige máxima eficiencia. Vecinos y comerciantes esperaron que la batalla judicial no acabara ensuciando, esta vez sí, el brillo de una de las fiestas más queridas por los grancanarios. Ahora, en abril, la resolución sigue pendiente.