El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respetará el acuerdo judicial alcanzado con los vecinos del entorno de Santa Catalina. La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, ha lanzado este mensaje este martes, justo antes de que se produzca la reunión con los residentes que hace más de una década ganaron el pulso judicial contra el Consistorio, que se vio obligado a sacar los mogollones del parque blanco.
«Vamos a cumplir, como siempre, con cada una de las pautas acordadas y pactadas con los vecinos, por tanto va a ser como otros carnavales», indicó la regidora socialista en relación a los acuerdos de 2015.
Aquel entendimiento con la comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar fructificó en un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 5, de 5 de febrero de 2015, y en un posterior auto de homologación, en la misma fecha.
Estos son los cuatro puntos que se incluían en la resolución judicial firme:
Están expresamente prohibidos los mogollones y conciertos en el parque de Santa Catalina.- Solo cabe celebrar los dos conciertos con los que finalizan las dos galas (Reina y Drag) que terminan a las 12 de la noche.
- Se debe cumplir como máximo un límite de decibelios fijado en 60 dBA en la fachada del edificio
- .Consta la prohibición expresa de que se desarrollen conciertos en la zona trasera del Parque de Santa Catalina, Intercambiador (Plaza de Islas Canarias) y trasera de Edificio Elder, etcétera.
Sujetándose a estos cuatro puntos, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a devolver las galas del carnaval -los conciertos quedan en la zona Puerto- al parque de Santa Catalina, en parte por la presión de una parte de los residentes de Alcarvaneras, que se oponían al trasplante de los árboles del Estadio Insular; en parte, por la paralización de la obra de la MetroGuagua bajo Santa Catalina, que permite la concentración de miles de personas delante del edificio Miller.
Además, junto a la viabilidad técnica de regresar al parque de Santa Catalina, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria asegura que recogió también el sentir de los grupos de la fiesta. «Una vez tenida la viabilidad técnica y artística, decidimos compartir con los grupos si esa era la mejor decisión. Y efectivamente, abrumadoramente y con una reacción muy sorpresiva, muy contenta, muy alegre y muy animosa, fue apoyado unanimamente por todos los grupos del carnaval», expuso Carolina Darias.
En este tiempo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se había ido reuniendo con la comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar, en el parque blanco. De hecho, ha habido dos encuentros previos de la comisión bilateral formada entre vecinos y Ayuntamiento y, aunque había otra prevista para noviembre, finalmente el Consistorio la suspendió.
«Después, hemos sabido por la prensa la noticia del traslado, sin que se haya fijado fecha de otra reunión», expuso la abogada de los vecinos, Yomara García, quien además es presidenta de la asociación nacional Juristas contra el Ruido.
El lunes pasado, la comunidad de vecinos remitió un escrito al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el que le recuerda la obligación de cumplir con el acuerdo judicial de 2015. «La comisión no puede cambiar las directrices mínimas del acuerdo», expone la letrada García, «la comunidad está firme en su postura de que, simplemente, tienen que cumplir lo acordado».
Los vecinos no se oponen a la celebración del carnaval en el parque de Santa Catalina, pero sí de que tenga límites, tanto en el tipo de actos como en la emisión de ruidos que produzcan un daño a la salud y una afección a los derechos fundamentales de las personas.
Los residentes aceptan la celebración de las galas en el escenario de Santa Catalina, pero recuerdan que el último año que se celebró el carnaval allí ya se produjeron ruidos por encima de los límites establecidos en el acuerdo. En aquella ocasión no se produjo ninguna denuncia porque se desató la pandemia del covid, pero ahora advierten de que no tolerarán ruidos que hagan imposible su vida cotidiana.
«Si esta vez hay incumplimientos, habrá que acudir al juzgado», dijo Yomara García, «la comunidad continuará en el ejercicio de las acciones legales que procedan si fuera necesario para que se dé cumplimiento al acuerdo homologado por resolución judicial que es firme».
Javier Darriba 