La polémica desatada por las letras de las murgas Trapaseros y Mamelucos ha reavivado la discusión sobre hasta dónde llega la libertad de expresión en las fiestas carnestolendas. Un conocido influencer ha presentado una demanda contra estos grupos y contra los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, solicitando una indemnización económica por considerar que se sobrepasaron en sus críticas.
Postura institucional: evitar la judicialización
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, se ha pronunciado al respecto, defendiendo la tradición crítica y satírica del Carnaval. En declaraciones a una emisora local, expresó su rechazo a la censura: “Nunca he intervenido en las letras de las murgas; la ironía y el humor forman parte de la esencia de la fiesta”. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de llevar estos conflictos a los tribunales.
“Cualquiera puede denunciar, pero una vez en los juzgados, el proceso es impredecible”, señaló. Aunque considera que en este caso no se traspasaron los límites, hizo un llamamiento a la autorregulación: “Si cada murga reflexiona sobre lo que canta y sus posibles consecuencias, se evitarían muchos problemas”.
La visión desde dentro: los criterios de las murgas
Distintas voces del mundo carnavalero han aportado su perspectiva sobre dónde deberían estar las barreras. Primi, director de Los Bambones, explicó que su grupo evita cualquier contenido discriminatorio: “No utilizamos descalificaciones personales, mensajes homófobos o machistas. La sociedad avanza y las murgas deben hacerlo también”.
Este enfoque coincide con el del alcalde, quien insiste en que la autorreflexión no debe entenderse como censura, sino como un ejercicio de responsabilidad. “No se trata de callar, sino de ser conscientes de lo que dice la ley”, recalcó.
Un equilibrio complejo
El caso ha dejado en evidencia el delicado equilibrio entre la tradición satírica del Carnaval y los nuevos desafíos legales y sociales. Mientras algunos defienden que la fiesta debe mantenerse como un espacio de crítica libre, otros apuestan por ajustarse a normativas más estrictas para evitar conflictos judiciales.
Lo que parece claro es que, más allá de los tribunales, el debate seguirá vivo en las calles, las tarimas y los talleres donde se escriben las próximas letras. La pregunta sigue en el aire: ¿dónde están realmente los límites?