El barrio de La Salud enfrenta un conflicto creciente entre residentes y agrupaciones carnavaleras. Los vecinos exigen el traslado de los 22 locales de ensayo ubicados en el antiguo mercado, mientras el Ayuntamiento reconoce que no existe una solución inmediata. El problema se agrava por la escasez de plazas de aparcamiento, eliminadas en los últimos años sin alternativas claras.
El gobierno municipal, formado por Coalición Canaria y PP, plantea medidas a corto plazo para paliar el problema de estacionamiento. El alcalde José Manuel Bermúdez anunció la creación de nuevas zonas de aparcamiento antes de mediados de 2026. Sin embargo, descartó un traslado inmediato de los grupos: “Cualquier reubicación sería a largo plazo”, afirmó el regidor, quien pidió “cumplimiento de normas de horarios y ruidos” como medida temporal.
Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos, propuso dos soluciones futuras: trasladar los locales a un polígono industrial cercano o adaptar el complejo Pancho Camurria para combinar uso deportivo y espacios de ensayo. “El mercado debería reconvertirse en un complejo deportivo con piscina y aparcamientos”, señaló el edil popular, quien prometió 200 nuevas plazas antes de 2026.
La oposición critica con dureza la gestión del conflicto. Patricia Hernández (PSOE) recordó que “desde 2018 venimos advirtiendo sobre este problema”. La socialista acusó al gobierno de “alimentar el conflicto vecinal para ocultar su incapacidad”. Alejandro Gómez (Vox), aunque reconoció el problema de aparcamientos, evitó posicionarse sobre el futuro de los locales por “falta de información completa”.
Los propios grupos de Carnaval han salido al paso de las críticas. La Federación de Asociaciones Culturales (FACCMES) negó ser responsable de la falta de aparcamientos y atribuyó el problema “exclusivamente a decisiones municipales”. En un comunicado, mostraron disposición al diálogo para “encontrar soluciones que mantengan la convivencia”.
Los vecinos mantienen su postura firme: quieren los locales fuera del barrio. Argumentan problemas de ruido, saturación de vehículos y deterioro del espacio público. “No es contra el Carnaval, es por nuestra calidad de vida”, insisten los residentes, que ven con escepticismo las promesas municipales.
Mientras tanto, el conflicto sigue sin solución. Las medidas a corto plazo para el aparcamiento no calmán los ánimos, y el traslado de los grupos sigue siendo una promesa lejana. La falta de consenso y planificación mantiene en tensión a un barrio donde cultura y convivencia vecinal parecen, por ahora, incompatibles.