El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y diputado autonómico, José Manuel Bermúdez, defenderá en el próximo pleno del Parlamento de Canarias, que se celebrará los días 9 y 10 de abril, una Proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno de Canarias a que “proteja, preserve y vele por la pervivencia de los elementos distintivos de las Fiestas de Interés Turístico Internacional, especialmente los que se refieren a los lugares tradicionales de celebración, e impulse la aprobación de las normas adecuadas en materia de ruido y conservación del medio ambiente que incluyan, de manera específica, los parámetros que deben respetar las citadas fiestas”.

Canarias cuenta con dos fiestas declaradas como de Interés Turístico Internacional: el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (desde 1980) y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria (desde 2023), por lo que la base de esta iniciativa se centra en proteger ambas celebraciones en sus enclaves tradicionales. Por ello, Bermúdez instará al Gobierno regional a que “lleve a cabo una modificación legislativa que permita salvaguardar su continuidad, porque aunque no hay constancia de que exista una iniciativa vecinal en contra, antes de que ocurra sería bueno blindar estas fiestas que para nosotros son una seña de identidad propia”, aseveró el alcalde.

Esta PNL nace a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el pasado año, donde se prohibió celebrar el Carnaval de Día en las calles del casco antiguo de Vegueta por el impacto que sufrían los vecinos en forma de ruido insoportable. Por ello, el alto tribunal ordenó al Ayuntamiento a trasladar la fiesta a otro punto de la ciudad, considerando que a pesar de ser declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias y Fiesta de Interés Turístico Nacional, ambos títulos “no son compatibles con que se celebre en un lugar en el que se puedan adoptar tales medidas correctoras oportunas para que no se vulneren los derechos de ningún vecino”, argumentó la Justicia.
En este sentido, Bermúdez detalló a DIARIO DE AVISOS que “con este antecedente judicial, y ante la mera posibilidad de que pudiera producirse algo similar en el de Santa Cruz de Tenerife, tenemos la obligación de solicitar al Gobierno que tome la iniciativa de proteger las fiestas de Interés Turístico Internacional, en las que uno de sus elementos esenciales es el lugar donde se celebran”.

Para ello, el alcalde puso como ejemplo que “si el Corpus Christi de La Orotava no se celebrara ya en las calles del casco histórico o la bajada de la Virgen de Las Nieves en La Palma, o la de la Virgen de Los Reyes, en El Hierro, no se pudiera hacer por los recorridos tradicionales se perdería su esencia y es lo que intento salvar con esta proposición no de ley. Si algo similar ocurriera en el Carnaval, que en el caso de Santa Cruz tiene la zona del cuadrilátero delimitada cada año, en base a un decreto del Organismo Autónomo de Fiestas, pues obviamente significaría la muerte de la fiesta”.

MEDIDAS
Bermúdez subrayó que la PNL defiende “para la pervivencia de las fiestas y que no lleguen finalmente a un juzgado, el Gobierno canario debe tomar medidas para no se corra el peligro de perder estas celebraciones que forman parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial y que, además, generan una enorme riqueza, ya que, de manera directa, indirecta o inducida, crean miles de puestos de trabajo que se pondrían en riesgo si desaparecieran o, incluso, si se vieran abocadas a cambiar su modo de celebración, trasladarlas de ubicación o decayeran en alguna de sus formas”.

Precisamente por ello, dado que el lugar en el que tradicionalmente se desarrollan estas fiestas es parte irrenunciable de su idiosincrasia, la proposición no de ley plantea como fundamental “que el Gobierno de Canarias establezca algún tipo de protección de las fiestas y, sobre todo, de sus elementos distintivos”.
El alcalde recordó que en el caso, por ejemplo, del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, “a lo largo de los años se ha llegado a un acuerdo con los vecinos y se ha acotado la celebración de la fiesta, tanto en espacio como en tiempo de duración, en aras a una mayor convivencia, pero sin trasladarla de su lugar original, el centro de la ciudad, donde lleva celebrándose durante décadas”.

“El Ayuntamiento de Santa Cruz ha tomado medidas compensatorias con los vecinos afectados a lo largo de este tiempo, activando, entre otras, el mayor plan de seguridad que existe en Canarias en el que están representadas todas las fuerzas de seguridad y Protección Civil; en materia sanitaria también se han ido implementando acciones como más urinarios en las calles, limpieza o acciones de reciclaje; o incluso para reducir las molestias por el ruido, se ha limitado el nivel de decibelios en espacios públicos y privados y se ha adelantado el corte de la música a las 6 de la mañana en los días más fuertes”, detalló Bermúdez.

OTRAS FIESTAS
Respecto a si la PNL podría ampliarse a otras fiestas, aparte de las del Carnaval, el alcalde agregó que “obviamente la medida podría extrapolarse a otras celebraciones de las Islas de interés regional o nacional, aunque la intención es sólo las declaradas de interés turístico”.
“Es cierto que muchas otras fiestas se han podido cambiar a otros espacios con el paso de los años, como el Baile de Magos de Santa Cruz, pero en el caso del Carnaval, la zona del cuadrilátero es clave y, sacarlo de ahí podría implicar su muerte. Por ello, quiero proteger este enclave tradicional como un elemento esencial”, afirmó el alcalde.

Bermúdez pidió al resto de fuerzas políticas que se sumen a esta iniciativa parlamentaria que se llevará al pleno la próxima semana, para que unánimemente se inste al Gobierno de Canarias a impulsar un cambio legislativo en materia de ruido y medio ambiente que incluya, de manera específica, los parámetros que deben respetar las citadas fiestas”, reiteró el alcalde capitalino y diputado autonómico.

Cabe recordar que la sentencia del TSJC, que ratificaba el fallo emitido por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 5, apoyaba la supresión del Carnaval de Día de Vegueta en su lugar tradicional en que “no se adoptaron por el Ayuntamiento medidas que justificaran la suspensión de los niveles de ruido permitidos”.

Mónica Ledesma

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