La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra cuatro exdirectivos de la Sociedad de Promoción municipal por irregularidades en contratos, algunos vinculados a festejos como el Carnaval. La causa, aún pendiente de admisión, cuestiona la gestión de fondos públicos y podría revisar adjudicaciones pasadas.
Una investigación fiscal sobre la gestión de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto el foco en la contratación de servicios para eventos públicos, entre los que se incluirían festejos como el Carnaval. El Fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, ha presentado una querella contra cuatro personas por indicios de delito de prevaricación administrativa y de negociaciones prohibidas, tras una investigación preprocesal iniciada a raíz de denuncias del Grupo Popular municipal.
La querella, aún pendiente de admisión judicial, señala específicamente a la exconsejera de la sociedad pública Natalia Medina –propietaria de la empresa Qué tal Estás SL– por una situación de conflicto de intereses. La investigación concluye que, desde su entrada en el consejo de administración en 2019, su empresa recibió adjudicaciones por valor de más de dos millones de euros sin que se adoptaran medidas para evitar el favoritismo. Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional habrían sido clave para “montar el puzle”.
La sombra de esta investigación se proyecta sobre la organización de eventos municipales. El fiscal Ródenas asumió hace meses la ampliación de la denuncia que fijaba la mirada en presuntas irregularidades en licitaciones para fiestas de distrito, cuya gestión también corre a cargo de la Sociedad de Promoción. Si bien el fiscal archivó una línea de investigación sobre la empresa Camino Viejo Producciones SL –señalando que posibles irregularidades en la interpretación de categorías contractuales serían un “problema administrativo” y no penal–, dejó abierta la puerta a acciones por otras vías. La portavoz popular, Jimena Delgado, anunció que su grupo estudia acciones contencioso-administrativas sobre este caso y sobre el contrato de las carpas del Carnaval 2024, también archivado.
La continuidad de los imputados en cargos públicos, un dilema institucional
La querella afecta a cuatro personas: Encarna Galván (expresidenta de la Sociedad de Promoción, exconcejala y actual directora insular en el Cabildo de Gran Canaria), Agustín Díaz (exgerente y exdirector financiero), María Elena Rodríguez (actual gerente de la Sociedad de Promoción) y Natalia Medina. Dos de ellas, Galván y Rodríguez, siguen ejerciendo funciones en instituciones públicas.
Este hecho genera un dilema institucional entre el derecho a la presunción de inocencia y la protección de la gestión pública. Mientras la alcaldesa, Carolina Darias, confirmó la continuidad de la gerente María Elena Rodríguez, la oposición popular pidió su “cese inmediato” y el de Encarna Galván. Desde la Presidencia del Cabildo se alegó que no se toman medidas para “respetar la presunción de inocencia”, aunque el fiscal Ródenas remarca en su escrito que las prohibiciones por conflicto de intereses “son normas de orden público” que se aplican automáticamente al darse la situación fáctica, “independientemente de lo que se declare”.
La investigación no es un punto final. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía Anticorrupción sigue analizando documentación y trabajando en varias líneas de investigación derivadas de las denuncias. El caso plantea preguntas incómodas para la administración: si finalmente hubiera una condena, ¿se revisarían todas las adjudicaciones tramitadas por los imputados mientras se sustancia la causa? ¿Cómo asumirán los funcionarios las órdenes de una gerente sobre la que pesa una querella por su actividad en esa misma empresa? El debate sobre si la presunción de inocencia individual debe estar por encima de la transparencia y la defensa del interés público en la contratación de eventos masivos, como el Carnaval, queda servido.