El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez en los micrófonos de la Cadena Ser en el programa ‘Hoy por Hoy la portada’, ha instado a las agrupaciones carnavaleras a reflexionar sobre los límites de sus letras, en medio de una controversia generada por una denuncia judicial. El conflicto surgió después de que un conocido influencer acusara a dos murgas de difamación por supuestas referencias a su persona en sus actuaciones.
El demandante, que se presenta como el primer influencer de España, interpuso una querella contra los letristas de las murgas Mamelucos y Trapaseros por presuntas acusaciones falsas de racismo durante la final del concurso de febrero. Además, reclama una indemnización de 50.000 euros, así como disculpas públicas. Según informaciones publicadas, también ha presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial contra los ayuntamientos de Santa Cruz y Candelaria, solicitando 150.000 euros a cada uno.
El Ayuntamiento rechaza la censura pero pide responsabilidad
Frente a esta situación, el alcalde Bermúdez ha aclarado que el consistorio no ejercerá censura sobre el contenido de las letras, pero ha subrayado que los autores deben ser conscientes de los límites legales. “Cada uno es responsable de lo que dice”, declaró en una entrevista radiofónica, recordando que las normas “no distinguen entre Carnaval y cualquier otra época del año”.
Aunque reconoció que el caso podría estar recibiendo más atención de la necesaria, insistió en que, si el Ayuntamiento es llevado a juicio, recurrirá a sus servicios jurídicos para defender su posición. “No vamos a censurar, pero las leyes deben cumplirse”, reiteró.
Las murgas defienden la sátira como tradición carnavalera
Por su parte, las agrupaciones afectadas respondieron a través de comunicados en redes sociales, asumiendo la autoría de las críticas pero negando cualquier intención difamatoria. La murga Trapaseros sostuvo que su objetivo nunca fue atacar a una persona en particular, sino denunciar actitudes que consideran perjudiciales para la sociedad.
Ambas agrupaciones defendieron el uso de la sátira como parte fundamental del Carnaval y rechazaron lo que calificaron como intentos de criminalizar el humor murguero. “Nuestra tradición se basa en la crítica social, no en la difamación personal”, señalaron.
Un debate entre libertad artística y responsabilidad legal
El caso ha reabierto el debate sobre los límites de la libertad de expresión en eventos festivos como el Carnaval. Mientras el influencer exige reparaciones económicas y rectificaciones, las murgas y parte de la afición defienden que la sátira es un elemento intrínseco de esta celebración.
Por ahora, las instituciones mantienen una postura expectante, a la espera de cómo evoluciona el proceso judicial. Sin embargo, el mensaje del alcalde es claro: aunque no habrá censura previa, las agrupaciones deben actuar dentro del marco legal. El desenlace de este conflicto podría sentar un precedente sobre el equilibrio entre el humor festivo y los derechos individuales.