La dimisión de la jefa de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha agitado esta semana los cimientos de la seguridad municipal. Pero para entender el terremoto actual hay que viajar atrás en el tiempo, hasta una cabalgata de Carnaval que se convirtió en el detonante de una crisis que aún no ha terminado.
Carmen Delia Martín Mederos puso fin el pasado jueves a una etapa de casi siete años al frente de la Policía Local de la capital grancanaria. Su llegada, en noviembre de 2019, había sido histórica: se convertía en la primera mujer en ostentar ese cargo en los 167 años de vida del cuerpo. Meses antes, otra mujer, Rosa Rodríguez, había asumido la jefatura de Bomberos. Por primera vez, dos mujeres comandaban las áreas de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.
Pero el camino de Martín Mederos nunca fue tranquilo. Su mandato ha estado salpicado por la judicialización de decisiones internas, el choque permanente con los sindicatos policiales y una crisis de personal que arrastra al cuerpo desde hace años.
El Carnaval como campo de batalla
El origen de buena parte de la inestabilidad se remonta al mandato de su predecesor, Carlos Saavedra Brichis. En 2019, el entonces alcalde Augusto Hidalgo lo cesó alegando “pérdida de confianza”. ¿El motivo real? Saavedra se negó a rubricar el plan de seguridad de la cabalgata del Carnaval de Las Palmas, el evento más multitudinario de la ciudad.
El comisario principal denunció entonces “graves irregularidades” en el documento y advirtió que, si lo firmaba y después ocurría algún incidente, las responsabilidades recaerían sobre él. El Ayuntamiento lo acusó de “deslealtad” y de intentar boicotear una fiesta que mueve a miles de personas. El conflicto terminó en los tribunales.
Cuatro años después, en diciembre de 2024, un juzgado dictaminó que el despido de Saavedra fue nulo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó la sentencia el pasado abril, aunque matizándola como “anulable”. En la práctica, el abogado del exjefe policial, Alberto Hawach, asegura que el efecto es el mismo. Tanto es así que el jueves, apenas horas después de conocerse la dimisión de Martín Mederos, la defensa de Saavedra solicitó al juzgado su reincorporación inmediata al puesto que ahora queda vacante.
Un cese que nadie vio venir del todo
La renuncia de Martín Mederos no ha sorprendido solo por su inmediatez. Llegó apenas unos días después de que ella misma llevara a los tribunales la instrucción horaria del cuerpo policial, un documento que los sindicatos habían negociado con el Ayuntamiento y que la ahora exjefa recurrió por su cuenta.
Los representantes de los agentes (USPB, CCOO, UGT y Csif) llevaban meses pidiendo su cabeza. En enero la acusaron formalmente de “gestión negligente de los recursos humanos y materiales”. La gota que colmó el vaso fue la falta de efectivos. El cuerpo tiene 474 agentes sobre las 677 plazas que marca la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Cien agentes menos de los que necesita.
La herencia envenenada: horas extra sin pagar y una visita papal
El conflicto laboral estalló en septiembre de 2024. Los agentes se plantaron y se negaron a cubrir horas extraordinarias en los grandes eventos de la ciudad. El motivo: el Ayuntamiento no podía pagarlas en tiempo y forma debido a la acumulación de deuda por los tres años que tardaron en resolverse unas oposiciones convocadas en diciembre de 2021.
Ese pulso se cerró provisionalmente entre diciembre y enero, con la firma de una nueva instrucción horaria. Pero el acuerdo duró poco. La semana pasada, Martín Mederos llevó ese mismo pacto a los tribunales, dinamitando la confianza con los agentes.
Ahora, con la jefatura vacante, los sindicatos ya han lanzado un ultimátum: no harán horas extra durante la visita del papa a Las Palmas, el mayor desafío en materia de seguridad que ha afrontado la ciudad en décadas. Exigen el pago de la productividad devengada desde septiembre del año pasado y la negociación de las horas extraordinarias de 2024, que aún se les adeudan.
¿Quién viene detrás?
La ley canaria de coordinación de policías locales exige que el nuevo jefe o jefa pertenezca a la escala superior del cuerpo. Los nombres que suenan con más fuerza son tres:
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Carlos Saavedra Brichis, el exjefe cesado en 2019, que actualmente es primer suplente de la jefatura y cuya reincorporación acaba de solicitarse judicialmente.
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Rosa Rodríguez, actual directora de Seguridad y Emergencias y comisaria del cuerpo.
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José Luis de los Reyes, hoy comisario en la Policía Autonómica.
Cualquiera de ellos heredará un cuerpo desgastado, una plantilla bajo mínimos y una tensión acumulada que tiene en el Carnaval —y ahora en la visita papal— sus próximos grandes testigos.
El Carnaval de Las Palmas es alegría, disfraces y multitudes. Pero también es, como ha quedado demostrado, un campo de batalla político y judicial. Aquella cabalgata de 2019 que un comisario se negó a firmar sigue siendo el eslabón perdido de una cadena de acontecimientos que hoy, siete años después, aún no ha encontrado su final. La dimisión de Martín Mederos no cierra el capítulo. Solo lo reescribe.