El Ministerio Público solicita nueva información al Ayuntamiento sobre la organización de festejos entre 2023 y 2024, con especial interés en Navilan, y tras una primera petición que ya incluía al Carnaval celebrado hace dos años.
La contratación de eventos festivos masivos en Arrecife, entre los que se incluye el Carnaval, está siendo escrutada por el Ministerio Fiscal. Tras una primera solicitud de información en diciembre, la Fiscalía ha remitido una nueva demanda al Ayuntamiento capitalino solicitando detalles sobre la organización de eventos celebrados entre 2023 y 2024, mostrando un interés particular en la segunda edición de Navilan (desarrollada entre finales de 2024 y comienzos de 2025).
Las indagaciones, según fuentes conocedoras del procedimiento, responden a una denuncia presentada el 3 de noviembre en la que se advierten presuntas anomalías, centradas en un posible fraccionamiento indebido de los contratos públicos para la organización de estos eventos. Esta misma consideración fue la base de la primera petición de documentos efectuada por el Fiscal.
El Carnaval, entre los eventos investigados
En esa primera fase de la investigación, de la que ya informó este periódico, el Ministerio Público solicitó información específica sobre varios eventos concretos. Además de la primera edición de Navilan (2023-2024) y la Feria de Abril de 2024, la lista incluía expresamente el Carnaval celebrado hace dos años, cuyas actividades se desarrollaron en varios puntos de la ciudad.
El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, restó importancia al procedimiento en declaraciones previas, señalando que “no es la primera vez” que la Fiscalía pide información sobre contratos de eventos y que estas peticiones no suelen tener consecuencias para los responsables políticos, el personal o las empresas.
El procedimiento y los “reparos” levantados
El proceso sigue su curso. Una vez que el Ayuntamiento remita la información solicitada en esta nueva demanda, el Ministerio Fiscal valorará si los datos son suficientes o si requiere más documentación. Posteriormente, decidirá si repartir el caso para su instrucción formal entre uno de los cuatro juzgados de instrucción que operan en Lanzarote.
Este escrutinio se produce en un contexto administrativo donde, según reveló el digital diariodelanzarote, el levantamiento de reparos –la autorización excepcional de gastos a los que inicialmente se había objetado– es una práctica habitual en el Consistorio. Entre 2023 y 2024 se habrían levantado más de medio millar de reparos, por un valor cercano a los 6,8 millones de euros. Estos levantamientos requieren la rúbrica de los responsables del Departamento de Intervención, mandatarios municipales, y el visto bueno final del alcalde y de la Concejalía de Hacienda, cuyo titular es Echedey Eugenio.
Está por ver si la nueva ronda de investigaciones del Fiscal se extenderá también a eventos celebrados ya en 2025, algunos de los cuales podrían haber sido ejecutados bajo este mismo mecanismo de levantamiento de reparos. La sombra de la investigación planea ahora sobre la transparencia y los procedimientos de contratación de la fiesta más destacada del calendario lanzaroteño.