Los agentes locales se niegan a apuntarse a horas extraordinarias debido a impagos pendientes desde septiembre, según denuncia su sindicato.
La seguridad del próximo Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria podría verse comprometida por un conflicto laboral no resuelto. La Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) advirtió este jueves de que, a fecha de hoy, no están garantizados los refuerzos policiales necesarios para cubrir los numerosos actos de las fiestas. La razón: los agentes se niegan a incorporarse a las listas de horas extraordinarias porque aún no han cobrado los servicios extraordinarios realizados desde septiembre de 2024.
La Jefatura de la Policía Local solicitó ayer formalmente la adhesión de los agentes a los listados para cubrir los dispositivos especiales del Carnaval. Sin embargo, desde el sindicato aseguran que la medida no es viable sin antes garantizar el pago. Su secretario general, Víctor García, apuesta por recurrir al complemento de productividad como mecanismo para abonar estos servicios de forma ágil y cumpliendo la legalidad presupuestaria.
Un problema de liquidez y planificación
El escollo financiero es claro: la normativa limita el gasto municipal en horas extraordinarias a un máximo del 10% de la masa salarial. Este techo resulta insuficiente para afrontar la gran cantidad de actos que se celebran en la capital grancanaria, lo que históricamente ha generado retrasos en los pagos.
Para solucionarlo, en la edición pasada el Ayuntamiento tramitó un programa de reconocimiento de especial dedicación, que desviaba el pago de los servicios especiales del Carnaval al complemento de productividad. Este sistema establecía cantidades fijas por acto: hasta 356,24 euros para un agente en la cabalgata, 300,24 euros por la noche de Carnaval, y cifras menores para el Carnaval de día o el entierro de la sardina. Los agentes de movilidad también tenían su propia escala, aunque quedaban excluidos de las noches de Carnaval.
El problema actual, según García, es que ni siquiera se ha presentado el borrador del decreto que regularía ese complemento de productividad para 2025 y, específicamente, para los actos del Carnaval. “Es poco serio que se pidan las horas extraordinarias, pero también lo es que no se haya aprobado aún el decreto”, afirmó.
La planificación de seguridad, en el aire
El conflicto trasciende el aspecto económico y afecta directamente a la logística de seguridad. El sindicato denuncia que los planes de protección para el Carnaval “llegan tarde”, una crítica que, según Víctor García, es compartida por los representantes del Cuerpo Nacional de Policía.
“No se puede planificar un dispositivo de seguridad cuando no se dispone, siquiera, de la información del número de efectivos que habrá disponible para cubrir los actos”, argumentó el secretario general de la USPB. Esta incertidumbre compromete la capacidad para diseñar dispositivos robustos y adecuados a la magnitud de cada evento.
La situación genera una paradoja crítica: mientras la ciudad se prepara para una de sus citas festivas más multitudinarias y que requiere una gran coordinación de seguridad, la herramienta humana fundamental –los agentes de policía local– se encuentra en un limbo laboral que pone en duda su presencia masiva en los refuerzos.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta así a un desafío urgente: desbloquear la negociación con los agentes y encontrar una solución financiera y administrativa que garantice tanto el pago de los servicios pendientes como la cobertura policial del Carnaval, cuya celebración se acerca sin margen para demoras.