Un grupo de residentes de la zona portuaria de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado un recurso judicial para impedir que los conciertos y la feria del Carnaval se celebren en su entorno en 2025 y años posteriores. La denuncia, respaldada por tres comunidades de vecinos y 50 ciudadanos, alega que los eventos generan niveles insoportables de ruido, contaminación lumínica y otros perjuicios que afectan su calidad de vida.
Molestias constantes: ruido, humos y falta de descanso
El escrito judicial detalla que durante el último Carnaval se realizaron 94 conciertos en el circuito entre Santa Catalina, Manuel Becerra y el Mercado del Puerto, muchos extendiéndose hasta las 5:00 de la madrugada. A esto se sumaron los ensayos previos y el funcionamiento continuo de generadores eléctricos en los chiringuitos, que emitían ruido y humo las 24 horas.
Los denunciantes, entre los que se encuentran personas con migrañas crónicas, fibromialgia y otras condiciones médicas, aseguran que el Ayuntamiento ignoró sus quejas pese a las reiteradas solicitudes de solución. “Fue una tortura diaria; muchos no pudieron dormir ni de día ni de noche”, afirma el recurso.
La feria de atracciones, otro foco de conflicto
Además de los conciertos, los vecinos critican el impacto de la feria de atracciones, instalada durante un mes cerca de viviendas. Según la denuncia, las atracciones funcionaron fuera del horario permitido, generando polvo, gritos y contaminación lumínica hasta altas horas de la madrugada.
Piden un cambio de ubicación definitivo
Ante la falta de medidas correctivas, los afectados exigen que el juez prohíba la instalación de carpas, chiringuitos y conciertos en su zona, argumentando que el carácter residencial del área es incompatible con eventos masivos. “La única solución viable es trasladar estas actividades a un espacio donde no perjudiquen a los vecinos”, señala el escrito.
Antecedentes judiciales en contra
El recurso recuerda que los tribunales ya han fallado en otras ocasiones a favor de los residentes, como en la prohibición de los “mogollones” en Santa Catalina (2002) o el Carnaval de Día en Vegueta (2021). Sin embargo, denuncian que el Ayuntamiento sigue sin buscar alternativas, pese a las sentencias que obligan a proteger el descanso de la población.
Un debate recurrente: fiesta vs. convivencia
Este conflicto refleja la tensión entre preservar tradiciones populares y garantizar el bienestar de los residentes. Mientras los organizadores defienden el Carnaval como una celebración arraigada, los vecinos exigen que se adapte para evitar daños a su salud y derechos fundamentales.
La decisión judicial podría marcar un precedente en la organización de eventos masivos en zonas urbanas, obligando a las autoridades a buscar un equilibrio entre ocio y calidad de vida.