El pasado miércoles, una controversia sacudió el ambiente festivo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Un partido político —el PP— presentó ante la Junta Electoral una queja para impedir que varias agrupaciones de carnaval interpretaran letras con contenido político durante una actuación prevista para el sábado. Entre las afectadas se encontraba la comparsa ‘DSAS3’, conocida por su mirada crítica hacia la gestión sanitaria andaluza.
Sin embargo, pocas horas después, la formación conservadora dio marcha atrás. Según fuentes internas, la denuncia fue fruto de una “descoordinación entre el equipo jurídico y el político”. Tras una conversación con el alcalde de Cádiz, Bruno García, se ordenó la retirada de la queja.
El propio regidor gaditano declaró haber conocido el asunto por la prensa el jueves por la mañana y actuó de inmediato: “El carnaval es libertad, la expresión de un pueblo. Nunca sobra, siempre suma”.
Lo que inicialmente fue un intento de aplicar el artículo 50 de la LOREG (que regula la jornada de reflexión) para prohibir “cualquier alusión política” en las letras, terminó convirtiéndose en una defensa explícita del derecho a la sátira y la crítica festiva.
Aplicación al Carnaval Canario
Este episodio, lejos de ser anécdota, tiene profundas resonancias en el archipiélago canario. El Carnaval —ya sea en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Puerto del Rosario o Arrecife— es mucho más que disfraces y música: es un termómetro de la opinión popular. Las murgas, comparsas y rondallas isleñas utilizan tradicionalmente la ironía, el humor y la crítica social como herramientas de participación ciudadana.
Imagínese, por un momento, que una reclamación similar intentara silenciar una murga que satiriza la especulación urbanística en el sur de Gran Canaria, o una comparsa que cuestiona la gestión de las conexiones marítimas entre islas. La misma lógica censora que pretendió aplicarse en Alcalá de Guadaíra podría trasladarse a las fiestas canarias, desnaturalizando un espacio de libertad que ha sido, históricamente, refugio de la voz colectiva.
La propia naturaleza del Carnaval Canario —con raíces que mezclan el antiguo entroido, las influencias latinas y la idiosincrasia atlántica— se nutre de la transgresión controlada, del “permiso para decir lo que otros meses se calla”. Proteger esa esencia no es un capricho folclórico, sino una defensa de la salud democrática.
El caso andaluz demuestra que, aunque los partidos pueden rectificar a tiempo, la amenaza de la censura siempre acecha en los pliegues de la norma electoral. Por eso, poner en valor el carnaval significa también blindar su capacidad de ser incómodo, crítico y, sobre todo, libre. Como apuntó el alcalde de Cádiz, el carnaval suma. Y en Canarias, con una tradición que atrae a miles de visitantes y genera orgullo isleño, restarle una sola palabra sería restarle alma.