La Sociedad de Promoción de la Ciudad licitó inicialmente un servicio con la mitad del presupuesto necesario, lo que obliga a un nuevo concurso cuyos plazos se solapan con el inicio de las fiestas, previsto para el 23 de enero.
La celebración del Carnaval en la capital grancanaria, cuyo preludio está fijado para el próximo 23 de enero, podría comenzar sin el despliegue completo de seguridad privada que habitualmente refuerza estos eventos multitudinarios. La causa es un error administrativo en la licitación del servicio, cometido por la Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que obliga a reiniciar el proceso con plazos ajustadísimos.
El contratiempo se originó el pasado 23 de diciembre, cuando la entidad municipal aprobó un pliego para el servicio de seguridad dotado con 229.458,23 euros. Esta cifra replicaba el presupuesto del año anterior, pero sin considerar un dato crucial: para esta edición se estima necesaria la cobertura de 22.000 horas de servicio, el doble de las 11.000 horas contratadas en 2025.
El desfase fue detectado el 5 de enero, lo que llevó a la gerente de la Sociedad de Promoción, María Elena Rodríguez, a acordar la anulación del procedimiento. Dos días después, se publicó una nueva licitación, ahora con un presupuesto base de 474.978,64 euros, que incluye un incremento del 3.5% en el precio por hora.
Sin embargo, el calendario del nuevo concurso genera una preocupante disfunción. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 22 de enero, justo un día antes del Pregón, para presentar sus ofertas. La apertura de las propuestas económicas, paso previo a la adjudicación, está programada para el 29 de enero. Esto significa que, si se respetan estos plazos, el servicio no podría estar operativo hasta casi una semana después del inicio oficial de las fiestas.
Desde la Sociedad de Promoción se ha evitado detallar cómo se cubrirá ese posible vacío en los primeros días, un interrogante que adquiere mayor relevancia tras el aviso de la Policía Local de no asumir horas extraordinarias para suplir carencias, debido a los retrasos en los pagos de este concepto. La única respuesta oficial a las consultas periodísticas ha sido que “se ha cumplido con los plazos que establece la Ley de Contratos del Sector Público”.
En la documentación del nuevo expediente, declarado de urgencia, se justifica la necesidad de duplicar las horas alegando la “imprecisión” de las necesidades finales, que dependen de la cobertura aportada por otros cuerpos como la Policía Nacional. Se facturarán, según se explica, las horas finalmente consumidas. El texto también señala que la urgencia “no deriva de una falta de planificación”, sino de la necesidad de adaptar el dispositivo a circunstancias que solo se definen cerca de la celebración, “reforzada además por la anulación previa del procedimiento”.
La sombra del contratiembo llegó al pleno municipal este martes. La portavoz del Partido Popular, Jimena Delgado-Taramona, cuestionó en comisión si estaba garantizada la seguridad para el arranque del Carnaval. La réplica del concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, fue política, acusando al PP de “embarrar la vida política municipal” con sus denuncias ante la Fiscalía y de no hablar “en positivo” de la fiesta.
Mientras el debate político continúa, el reloj avanza hacia el 23 de enero. La ciudad se prepara para el jolgorio, pero la incertidumbre sobre si contará desde el primer día con todo el dispositivo de seguridad previsto planea como una nube sobre los fastos.