El Carnaval de la capital grancanaria obtiene su primera victoria en los tribunales tras meses de controversia. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 ha decidido no admitir la suspensión cautelar solicitada por un grupo de vecinos de la zona del Puerto, quienes alegaban molestias por los conciertos, los “mogollones” y la feria de atracciones celebrados en el entorno del parque Santa Catalina.
La resolución judicial, fechada esta semana, señala que no puede paralizarse un evento que ya tuvo lugar y, por lo tanto, carece de sentido aplicar la medida cautelar al Carnaval de 2025, pues la solicitud se presentó una vez concluida la fiesta.
Un valor cultural y social
El auto también subraya la importancia del Carnaval como una de las celebraciones más relevantes para la ciudad, advirtiendo de que su suspensión habría provocado un daño notable a la sociedad y a la vida cultural de la capital sin que exista todavía una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
En este sentido, el magistrado rechaza que los supuestos perjuicios ocasionados a los vecinos puedan servir como base para paralizar la organización del Carnaval de 2026. “No es posible suspender algo que aún se desconoce y que ni siquiera cuenta con resoluciones administrativas aprobadas”, se indica en el fallo.
Los vecinos, condenados en costas
La comunidad recurrente tendrá que asumir las costas del proceso judicial. El tribunal recuerda, además, que las reclamaciones vecinales se presentaron tras varios años de celebración en el mismo emplazamiento, lo que evidencia una tardanza injustificada a la hora de pedir medidas extraordinarias.
El juez advierte de que no procede conceder medidas cautelares sobre hechos consumados ni sobre futuros inciertos, dejando abierta únicamente la vía de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Camino libre hacia 2026
Con esta resolución, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respira tranquilo y podrá seguir adelante con la planificación del Carnaval 2026. De momento, las fechas ya han sido anunciadas, aunque los detalles sobre escenarios, recorridos y condiciones de celebración aún están pendientes de aprobarse.
El fallo judicial supone, por tanto, un respaldo al valor cultural y económico de una fiesta que no solo representa a la ciudad en el archipiélago, sino que también atrae a miles de visitantes internacionales cada año.