La Fiscalía de Arrecife ha dado un paso significativo en la investigación de denuncias sobre la gestión de eventos festivos en el municipio. A principios de esta semana, remitió un nuevo oficio al Ayuntamiento de Arrecife en el que, además de informar que la denuncia fue presentada por el abogado Octavio Topham contra el alcalde, Yonathan de León (PP), y el teniente de alcalde, Echedey Eugenio (CC), ha realizado una exhaustiva solicitud de documentación.
El foco de la investigación se centra en los procedimientos de contratación de tres grandes eventos: la Feria de Naviland 2023, el Carnaval 2024 y la Feria de Abril 2024. El Ministerio Público ha requerido al consistorio que envíe, en un plazo de diez días, la copia íntegra de todos los expedientes administrativos relacionados con estas celebraciones.
Una solicitud de documentación sin precedentes
La petición fiscal es minuciosa y abarca todos los aspectos de la contratación. No se limita a los expedientes básicos, sino que exige una amplia gama de documentos internos que podrían arrojar luz sobre la legalidad de los procesos. Entre la documentación solicitada destacan:
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Las resoluciones de los reparos que el alcalde pudiera haber levantado a los informes de la Intervención municipal.
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Los propios informes de la Intervención relativos a los expedientes de contratación.
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Las memorias e informes técnicos justificativos.
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La relación detallada de todas las empresas y personas físicas contratadas.
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El informe de la Tesorería municipal correspondiente.
El fraccionamiento de contrato, bajo la lupa
Uno de los aspectos que la Fiscalía quiere analizar con especial atención es la posible existencia de indicios de fraccionamiento de contrato o de un uso indebido de la figura del contrato menor, prácticas que buscan eludir los procedimientos de licitación pública más rigurosos y controlados.
Para ello, ha requerido específicamente a la Intervención municipal que elabore un informe preliminar que determine, entre otros puntos:
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La legalidad de las contrataciones realizadas.
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La motivación concreta de los reparos que se levantaron.
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La posible incidencia que el levantamiento de esos reparos haya tenido sobre el control financiero y la fiscalización previa.
Esta investigación, que ya ha generado dos oficios desde la Fiscalía al Ayuntamiento, sitúa bajo escrutinio la transparencia y el ajuste a la legalidad en la gestión de fondos públicos destinados a las fiestas, uno de los capítulos de gasto más sensibles y visibles para la ciudadanía. El Ayuntamiento de Arrecife tiene ahora la palabra para proporcionar toda la información requerida dentro del plazo establecido.