La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas ha solicitado una prórroga para continuar con la investigación penal iniciada contra la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, entidad municipal responsable de eventos como los Carnavales, las fiestas fundacionales y otras actividades culturales. El fiscal Javier Ródenas, al frente del caso, justifica la extensión del plazo debido a la complejidad del expediente y a que los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aún no han sido finalizados.
Investigación prolongada por irregularidades en la contratación
El procedimiento se abrió en junio del año pasado tras una denuncia del Partido Popular por presuntos delitos de prevaricación y malversación contra varios cargos públicos, incluida la alcaldesa Carolina Darias y la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina. Inicialmente, las pesquisas debían concluir en junio de este año, pero la Fiscalía ha recibido autorización para prolongarlas doce meses más.
Los investigadores analizan posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la última década, con especial atención a los Carnavales. Según las pesquisas, se habrían otorgado asignaciones directas a una docena de empresas sin convocatorias públicas, ya sea mediante fraccionamiento de contratos o procedimientos negociados sin publicidad.
Más de 20.000 documentos bajo análisis
El volumen de documentación a revisar supera los 20.000 archivos administrativos, lo que ha ralentizado el proceso. Además, el informe policial ha requerido dos ampliaciones a partir de nuevas denuncias presentadas por el PP.
Entre los aspectos clave de la investigación está determinar el papel de las empresas involucradas, ya que algunas habrían renunciado a contratos en favor de otras en última instancia o subcontratado servicios, alterando el proceso de licitación.
El PP denuncia un “fraude palmario” en la gestión municipal
Los populares acusan a la Sociedad de Promoción de incurrir en irregularidades graves durante los últimos diez años, con especial énfasis en los ejercicios 2022, 2023 y 2024. En su denuncia, alegan que las actuaciones van más allá de simples incumplimientos administrativos y podrían constituir delitos penales.
De momento, la Fiscalía no se pronuncia sobre posibles imputaciones, pero la extensión del plazo sugiere que el caso podría derivar en acciones judiciales una vez finalizado el análisis de la UDEF.