Un feriante con décadas de experiencia en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ha expresado su malestar por dos problemas recurrentes en la adjudicación de los puestos: la presencia, a su juicio, de pujadores sin intención real de trabajar y la reubicación de los comercios más tradicionales a zonas de menor afluencia.
El comerciante, que participó en el proceso de subasta reciente, criticó que algunas personas intervienen en las pujas “con el único objetivo de incrementar los precios”, sin un interés genuino en gestionar un negocio durante las fiestas. En su caso, relató que el precio final por el que se adjudicó su puesto superó ampliamente la cifra inicial estimada, algo que atribuye a esta práctica.
“Hay individuos que acuden únicamente para encarecer los lotes. Esto perjudica directamente a quienes sí planeamos operar durante todo el evento”, afirmó durante un encuentro con este medio. El feriante cuestionó además si todos los participantes cumplen con los requisitos establecidos en las bases, aludiendo a posibles irregularidades en la capacitación o situación laboral de algunos pujadores.
Un negocio de alto riesgo
Más allá de la polémica sobre el desarrollo de la subasta, el empresario recordó la alta incertidumbre económica que supone esta apuesta. A la inversión inicial por la licencia se suman los gastos de montaje, stock y contratación de personal, un esfuerzo financiero que queda supeditado al éxito del evento y a factores impredecibles como la meteorología.
La queja por el desplazamiento de los puestos históricos
Paralelamente, el feriante, que asegura ser la tercera generación de su familia dedicada a esta actividad, lanzó una dura queja por la ubicación asignada a los puestos considerados tradicionales. Según su testimonio, estos han sido relegados a un área con muy poca circulación de gente, lejos de los focos principales del Carnaval.
“Lo tradicional ha sido apartado a una zona muerta, donde el público no llega. Mientras, el modelo de fiesta ha ido cambiando alrededor de los grandes escenarios”, sostuvo. Este desplazamiento, a su entender, pone en riesgo un modo de vida y una herencia familiar vinculada al evento durante más de cuarenta años.
El comerciante también lamentó una falta histórica de diálogo con la administración municipal, afirmando que en décadas no se les ha concedido una reunión para tratar sus preocupaciones.
Respuesta institucional
Ante estas declaraciones, la gerente del Organismo Autónomo de Fiestas, Patricia Castillo, respondió tomando nota de las quejas e instando al feriante a formalizarlas en las oficinas del área. “Las puertas de Fiestas siempre están abiertas. No dude en pasar para comentar cualquier cosa”, aseguró, ofreciendo una vía de comunicación directa.
El desencuentro pone de relieve la tensión entre la evolución de la fiesta y la preservación de sus elementos históricos comerciales. Mientras la administración defiende los mecanismos de adjudicación y su disponibilidad para escuchar, una parte del sector feriante clama por un mayor control en los procesos y por una ubicación que garantice la viabilidad de sus negocios más tradicionales.