Una opinión de Encarna Vals (seudónimo utilizado por Yacorán Rodríguez, quien recientemente se autoproclamó “Ministra del Carnaval” a título honorífico)
En las últimas semanas, el debate público sobre el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha girado en torno a las quejas vecinales, las decisiones judiciales y la polémica sobre la localización de la fiesta. Sin embargo, conviene señalar que ese no es el fondo del asunto.
Gran parte de esas reclamaciones tienen su raíz en la jurisprudencia derivada de un pacto suscrito en 2012 entre el Consistorio y los residentes de la zona de Simón Bolívar. Lo que en su momento pudo parecer una solución, con el tiempo se ha convertido en una losa que condiciona el desarrollo de la celebración, sin que entonces se evaluaran adecuadamente sus repercusiones futuras.
Hoy, la cuestión sigue en manos de los tribunales. El Ayuntamiento presenta recursos y el Carnaval navega en una incertidumbre constante: a la espera de la próxima denuncia, del siguiente fallo judicial o de un nuevo cambio de escenario.
Pero ni siquiera esto es lo que más debería inquietarnos.
Existe un problema más hondo y preocupante que apenas aparece en la agenda mediática.
Hace meses se puso en marcha una iniciativa ciudadana para reexaminar aquel acuerdo, respaldada por más de 3.700 firmas. La propuesta llegó al pleno municipal, donde la propia alcaldesa mostró su interés e incluso sugirió que podría contar con el apoyo del equipo de gobierno.
Desde entonces, ni una sola novedad.
No hay avances, no hay respuestas, no hay diálogo. Y el reloj no se detiene: faltan pocos meses para la próxima edición del Carnaval y la sensación dominante es de parálisis institucional.
Pero el verdadero peligro no reside en los juzgados.
El verdadero peligro reside en la erosión de la confianza.
Hay empresas proveedoras que han realizado sus servicios y todavía no han cobrado.
Artistas que han cumplido con lo pactado y siguen aguardando.
Montadores, técnicos y profesionales del sector que acumulan facturas sin saldar.
Y algo aún más grave: cuerpos esenciales como los de seguridad y emergencias, que tras velar por el buen desarrollo de los eventos, han denunciado demoras en sus retribuciones.
No se trata de hechos puntuales ni de sumas menores. Hablamos de cantidades que pueden poner en riesgo la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas que sostienen, en buena medida, la infraestructura carnavalera.
Esta situación está generando cansancio, malestar y, sobre todo, desconfianza.
Y esa desconfianza es el auténtico enemigo del Carnaval.
Porque la ubicación —por importante que sea— siempre tendrá una solución. Si no puede ser en un sitio, será en otro. El Carnaval seguirá vivo mientras haya ciudadanía dispuesta a disfrutarlo.
Pero si quienes lo hacen posible dejan de creer en el proyecto, el problema deja de ser coyuntural y se vuelve estructural.
Porque el día en que las empresas digan “no instalamos”,
los artistas digan “no participamos”,
y los servicios digan “no podemos más”,
ese día no habrá discusión sobre dónde ubicar el Carnaval.
Ese día, sencillamente, no habrá Carnaval.
Resulta profundamente contradictorio que se convoquen manifestaciones o movilizaciones para defender la fiesta frente a las reclamaciones vecinales, mientras apenas se alza una voz colectiva para defender a quienes sufren la falta de pagos y la ausencia de respuestas.
No se puede presumir de tener uno de los mejores carnavales del mundo si no se garantiza algo tan básico como cumplir con quienes trabajan para hacerlo realidad.
No se puede mantener una industria cultural y festiva sobre la precariedad económica de sus propios profesionales.
Menos declaraciones y más hechos.
Es urgente atender las deudas pendientes, dar explicaciones claras y restaurar la confianza antes de que sea irremediablemente tarde.
Porque el mayor riesgo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no está en los vecinos, ni en los tribunales, ni en el emplazamiento.
Está en la manera en que se está gestionando.
Y eso, sí puede acabar con él.