La Fiscalía Anticorrupción investiga un posible entramado de adjudicaciones opacas en eventos culturales, con el Carnaval como eje central. Entre los implicados figuran exfuncionarios y empresarios vinculados a la Sociedad de Promoción de la ciudad.
Contratos bajo sospecha en el mayor festival de la ciudad
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los eventos más emblemáticos del archipiélago, se encuentra en el centro de una investigación judicial por presuntas irregularidades en la concesión de contratos públicos. La Fiscalía, junto con la UDEF, analiza más de 20.000 documentos incautados en allanamientos recientes, en un caso que podría extenderse a otros festivales y contrataciones municipales.
Uno de los aspectos más polémicos es la adjudicación directa de servicios a empresas específicas, sin procesos de licitación transparentes. Según los investigadores, la productora Option Productions habría recibido cerca de 872.000 euros en los últimos dos años para la organización del Carnaval y eventos navideños, sin competencia pública. Este modelo contrasta con el de otros municipios, como San Bartolomé de Tirajana, donde se realizan concursos abiertos para la gestión del Carnaval de Maspalomas.
Implicados y conflictos de interés
Entre los investigados destaca Natalia Medina, exconsejera delegada de la Sociedad de Promoción, quien renunció tras conocerse su doble rol: mientras dirigía una empresa privada que obtuvo contratos millonarios, también formaba parte del órgano que aprobaba dichas adjudicaciones.
También está bajo escrutinio Inmaculada Medina, actual concejala de Carnaval, por la contratación de su hijo, el cantante Daniel Calero, en eventos patrocinados por el ayuntamiento. Además, se indagan posibles maniobras para fragmentar contratos menores entre empresas vinculadas, evitando así controles más estrictos.
Incidente sospechoso: el robo de equipos clave
En un giro inesperado, a finales de julio se denunció el robo de varios ordenadores y teléfonos de la sede de la Sociedad de Promoción, sin evidencias de fuerza en las entradas. Este hecho ha generado dudas sobre la posible desaparición de pruebas relevantes para la investigación.
¿Un cambio en el modelo de gestión cultural?
El caso no solo amenaza la reputación de la institución, sino que pone en duda la transparencia en la organización de grandes eventos. Si se confirman las irregularidades, podría impulsar una reforma en los sistemas de contratación para garantizar mayor competencia y fiscalización.
Mientras la Fiscalía decide si amplía las pesquisas, la ciudadanía espera respuestas sobre cómo se manejan los fondos públicos en sus fiestas más icónicas. El Carnaval, símbolo de alegría y diversión, enfrenta ahora un escrutinio que podría redefinir su futuro.