El polémico caso entre el influencer Rudy Ruymán y las murgas carnavaleras de Tenerife ha escalado a los tribunales. El educador social y creador de contenido ha presentado demandas contra las agrupaciones Mamelucos y Trapaseros, así como contra los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, por considerar que se ha atentado contra su honor en letras de canciones que lo vinculan con el racismo.
Las demandas contra las murgas
Ruymán reclama 50.000 euros a Los Trapaseros como indemnización por daños morales, una cifra idéntica a la que ya exigió a Mamelucos. En el caso de esta última agrupación, aunque se celebró un intento de conciliación, no se llegó a ningún acuerdo. El influencer también interpuso una reclamación contra la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, a quien exigió 15.000 euros y disculpas públicas por respaldar a las murgas que, según él, lo difaman.
Las demandas judiciales fueron presentadas en febrero y marzo de este año ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife. En el escrito contra Trapaseros, Ruymán señala directamente a los letristas de la murga, entre ellos a Javier Lemus, así como al director, al presidente y al conjunto en general, por considerar que la letra de su canción lo injuria al asociarlo con actitudes racistas.
Responsabilidad de los ayuntamientos
Pero las acciones legales no se limitan a las agrupaciones. Ruymán ha iniciado también un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, a los que reclama 150.000 euros a cada uno por permitir que las murgas interpretaran canciones que, en su opinión, incitan al odio y dañan su reputación.
Además, el influencer ha advertido que, si procede, multiplicará por tres la cuantía de estas indemnizaciones, elevando la reclamación a 450.000 euros por municipio, en lo que considera una compensación justa por el perjuicio sufrido.
Un conflicto con antecedentes
Este no es el primer enfrentamiento público de Ruymán con figuras políticas o culturales. Anteriormente, ya había exigido rectificaciones a representantes institucionales por apoyar a las murgas, argumentando que se contribuye a la difamación en su contra.
Las agrupaciones carnavaleras, por su parte, defienden que sus letras son crítica social y sátira, protegidas por la libertad de expresión, y niegan que exista una campaña de desprestigio contra el influencer.
Mientras los tribunales deciden, el caso ha reabierto el debate sobre los límites entre el humor, la crítica y el derecho al honor en el Carnaval, una fiesta tradicionalmente marcada por la provocación y la ironía.
¿Dónde está la línea entre la sátira y el daño moral? El juicio, que podría sentar un precedente en futuras ediciones del Carnaval, sigue su curso.
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