El concejal de Fiestas en los Carnavales de 2020, Andrés Martín Casanova (PSOE), ha afirmado en la segunda sesión que se celebra en la Audiencia Provincial por una presunta prevaricación en la adjudicación de contratos menores, que “ni siquiera nos planteamos suspender los carnavales. Debían celebrarse sí o sí”.
Problemas con las licitaciones
La división de licitaciones se tuvo que llevar a cabo una vez que una de las empresas que se presentaban a los concursos interpuso un recurso, lo que dio lugar a que se suspendiera todo el procedimiento con el consiguiente retraso, ha manifestado.
A la pregunta del Fiscal de por qué no recurrieron a una prórroga de las adjudicaciones del año anterior, el aún concejal, pero ahora en la oposición, ha dicho que “sin duda lo hubiera elegido si así me salvaba de haber pasado todo este infierno judicial”.
Defensa de su actuación
El edil socialista ha indicado que cuando asumieron el gobierno del Ayuntamiento en junio de 2019 se encontraron con que el anterior equipo de gobierno no había movido “ni un solo papel”, luego vino el mes de agosto que es casi inhábil y después comenzaron a tramitar las adjudicaciones, pero al final se presentó el recurso.
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“Nadie nos advirtió que estábamos cometiendo una ilegalidad, sino todo lo contrario, que hacíamos lo correcto”, ha señalado, al tiempo que ha asegurado que tanto el exsecretario del Ayuntamiento como la interventora avalaron la fórmula elegida.
Desmentidos sobre posibles prohibiciones
También ha negado que hubiese prohibido hablar con la empresa que presentó el recurso y ha especificado que les pidió que le comentaran quién había puesto esas palabras en su boca.
Aseguró que es muy difícil organizar unos carnavales dado que la fecha cambia cada año y se trata de unas celebraciones “muy vivas”, declaradas de interés internacional, por lo que hicieron lo posible para que se celebraran, incluido el pago de horas extras al personal del Organismo Autónomo de Fiestas (OAF).
Testimonio de la técnica del OAF
La extécnica del OAF cuando tuvieron lugar los carnavales de 2020, María Vidal Conesa, dijo que se tuvo que recurrir a los contratos menores dada la “elevada litigiosidad” que se concentró en esa edición, la primera y única en la que gobernaba el Partido Socialista Canario-PSOE.
La técnico aseguró que las contrataciones no las hacía el concejal y tampoco las decidía él, sino que lo hacían los funcionarios.
Quien entonces era la única técnica del OAF recordó que desde finales de 2019 comenzaron a iniciar los trámites, pero la presentación de un recurso por parte de una empresa dio lugar a que se paralizara el proceso y que, tal y como había ocurrido en otras ediciones, se optó por dividir los contratos.
“Teníamos claro que los carnavales se tenían que celebrar sí o sí porque son una fiesta de interés internacional, y tras hablar con el secretario general y con la interventora y que dieran su visto bueno, se formalizaron las adjudicaciones menores”.
Acusación del fiscal
El fiscal, sin embargo, mantuvo su petición de 12 años de inhabilitación al considerar que los contratos bajo sospecha suman 227.000 euros y que la necesidad de llevar a cabo las fiestas “no justifica hacerlo de cualquier manera”.
La defensa cree que ni siquiera se puede hablar de una infracción administrativa, recordó que en su momento se archivó una denuncia presentada sobre el mismo asunto