Agustín Díaz, exgerente y actual director financiero de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas, ha demandado a esta entidad pública por vulnerar su integridad personal, su honor y profesionalidad, su intimidad e imagen personal y su ocupación efectiva, por lo que solicita una indemnización de 113.292 euros.
La demanda, presentada en el Juzgado de lo Social nº2 de Las Palmas de Gran Canaria contra la Sociedad de Promoción y contra el Ayuntamiento de la capital grancanaria, ha sido admitida a trámite.
Conviene recordar que el consejo de administración de la Sociedad de Promoción decidió en la reunión celebrada el pasado 27 de marzo en el palacete Rodríguez Quegles apartar dos meses, con un permiso retribuido, a Agustín Díaz de sus funciones como director financiero.
Su trayectoria en la empresa
En la demanda presentada por el despacho Dámaso Abogados, a la que ha tenido acceso este periódico, Agustín Díaz detalla que inició su relación profesional con la Sociedad de Promoción el 10 de enero de 2008, «mediante un contrato de alta dirección, tras un proceso selectivo realizado por la demanda para ocupar un puesto en el departamento financiero, al ser el actor economista. Sin embargo, se le contrata con la categoría de gerente».
Desde ese momento, se explica en la demanda, asumió la gerencia y «las finanzas de la sociedad y de los eventos». En 2015, se modificó «la naturaleza contractual, pasando su contrato laboral ordinario fijo como gerente». Este puesto lo ocupó hasta diciembre de 2022, «a raíz de la vertiente decisoria que estaba tomando el consejo de administración», por lo que «manifestó su intención de dimitir del cargo de gerente». «Sin embargo, a petición expresa de la Presidenta [la concejala Encarna Galván, esta aclaración no figura en la demanda], con información al consejo de administración, por la cercanía de las elecciones, le solicitaron que permaneciera provisionalmente hasta la fecha de presentación de las cuentas, en junio de 2023, aceptando el actor, en aras de evitar la politización de su cese».
En junio del año pasado, subraya la demanda, presentó su renuncia como gerente al consejo de administración y se hizo efectiva tras aprobarse las cuentas de 2022 «con la corporación que en ese momento se encontraba saliente» y que comandaba como alcalde Augusto Hidalgo. «A raíz de dicha fecha, pasa a ocupar el puesto de director financiero hasta la actualidad».
Saneó la institución en seis años
Este relato no es baladí dentro de la argumentación de la demanda. Agustín Díaz, a través de su abogado, asegura en la misma que en 2008 se le contrató para sanear una Sociedad de Promoción que tenía «8 millones de euros de déficit».
A través de «un plan de saneamiento a seis años y con un control riguroso de las diferentes partidas» se logró «revertir la situación sin que la sociedad diera pérdidas», ya que señala, «el consejo de administración siguió el plan de trabajo elaborado por el actor [Agustín Díaz] y gestionaban el control del gasto según se les proponía».
«La entidad está dirigida por los partidos que gobiernan, que son los que toman las decisiones sobre qué eventos a realizar y qué presupuestos a utilizar»
Todo cambió en 2022, se apunta la demanda, «fruto de la decisión de las concejalas que presidían la sociedad y del uso que se hizo de la entidad para hacer eventos sin control», lo que motivó, destaca, «que la entidad vuelve a entrar en pérdidas después de catorce años sin tenerlas».
Un informe de situación
Esto propició que «previendo que en el año 2023 se aumentara la actividad por las elecciones ya que se utiliza la entidad como elemento externalizador de la gestión del ayuntamiento en las áreas de cultura y carnaval, el actor realiza un informe sobre la situación financiera para evitar mayores pérdidas, dando una solución alternativa».
Esta vía consiste, explica, «en la identificación de las desviaciones producidas y la necesidad de dotar de un crédito extraordinario en forma de modificación de crédito municipal para abonar lo pendiente, a la vez que se informa a la corporación entrante en junio de 2023 de la situación real y de la inexistencia de crédito para la realización de la programación del segundo semestre de 2023. Ante dicha situación y ante la poca receptividad, con las previsiones realizadas», Agustín Díaz «manifestó su deseo de cesar en el cargo».
El director financiero de la Sociedad de Promoción asegura que realizó «un informe de situación», que presentó tanto al consejo de administración de la corporación municipal que gobernó entre 2019 y 2023 como «a la nueva corporación» que entró en juego a partir de las elecciones de la primavera del pasado año.
«Fruto de las decisiones de las concejalas que presidían la sociedad, en 2022 se hizo uso de la entidad para hacer eventos sin control»
Apunta en la demanda detalles clave sobre la cadena de mando en la Sociedad de Promoción. «Es una entidad eminentemente politizada y sobre todo dirigida por representantes de los partidos que gobiernan, quienes son los que toman las decisiones sobre los eventos a realizar y los presupuestos a utilizar».
Ahí entran en juego las cuentas aprobadas por el consejo de administración de la Sociedad de Promoción celebrado el pasado mes de marzo, que motivó que se le apartara del cargo durante dos meses que se cumplen el próximo 27 de mayo. «El resultado del ejercicio 2023 fue de 3,2 millones de euros de déficit, correspondiente a los eventos realizados en el segundo semestre del año 2023, en el que el actor ya no es gerente de la entidad. Todos los eventos del segundo semestre fueron realizados sin presupuesto alguno, porque la anterior corporación gastó todo lo presupuestado para el año 2023 en el primer semestre de dicho año por las elecciones municipales a pesar de haber sido informada la nueva corporación de dicha situación».
El origen del litigio
En la demanda presentada contra la Sociedad de Promoción y el Ayuntamiento se aclara que el origen del litigio es la carta que se le entregó el 27 de marzo, donde se le comunicó su permiso retribuido de dos meses «por la detección de posibles irregularidades» en las que había podido incurrir «en la ejecución de sus obligaciones laborales», se apunta en la comunicación que firma la gerente María Elena Rodríguez.
Considera Agustín Díaz que se ha vulnerado su integridad personal «porque se comienza una labor de desplazamiento y desconfianza generalizada» de su trabajo, porque «se le aparta de todos los grupos de decisión, no se le convoca a las reuniones y no cuenta con él para la planificación económica» y «porque no se cuenta con él para la planificación de los eventos».
Dice que se ha vulnerado su honor y profesionalidad «por la actuación realizada y la comunicación filtrada errónea a la prensa» en la que se le califica como gerente y se atribuye su permiso retribuido «a la investigación».
Cree vulnerada su intimidad porque se le retiró «el portátil y su manipulación sin la presencia del actor, a pesar de haberle advertido la empresa».
Califica de «incumplimiento grave» de la ocupación efectiva porque «se le impide realizar su trabajo en base a una notificación carente de las más mínimas garantías, pues ni tiene la condición de pliego de cargos, ni tiene la condición de sanción, dejando abierta y sin motivación suficiente el contenido de la misma». Además, considera que existe una discriminación ya que no se entiende que no siendo gerente «no se aparte a la gerente desde julio de 2023 o a los concejales responsables de cada una de las áreas que son quienes han gestionado los recursos».
Hizo mella en su salud
En la demanda presentada por Agustín Díaz contra la Sociedad de Promoción y el Ayuntamiento, el exgerente y actual director financiero de la entidad asegura que «el hostigamiento» generado con su suspensión de dos meses le ha hecho «mella en su estado físico».
En concreto, detalla que «esta situación de tensión emocional mantenida en el tiempo» le ha ocasionado «trastorno del sueño, tensión arterial alta, sobre estrés al entender vigilado y verse desplazado en todos los órdenes decisorios, etcétera (que se probará en la fase procesal oportuna)».
«Todos los eventos del segundo semestre de 2023 fueron realizados sin presupuesto alguno, se gastó todo en el primero por las elecciones»
Alude a dos elemento más dentro de «dicha conducta hostigadora como fenómeno de desconsideración y devaluación personal». Dice que alcanzó «su máxima expresión con la suspensión de prestación de servicios y la externalización de información errónea a los medios».
Además, «la empresa, incluso, procedió a darle de baja en la seguridad social con fecha de 27 de marzo de 2024, generando una situación de ansiedad hasta que rectificó la misma con fecha de 1 de abril» de este mismo año.
En la demanda presentada en el Juzgado de lo Social nº2 de Las Palmas de Gran Canaria, Agustín Díaz solicita por los daños y perjuicios ocasionados por la falta de ocupación efectiva de «24 mensualidades de salario, que hacen un total de 113.292 euros».
A la espera del informe de la auditoría
La delicada situación por la que atraviesa la Sociedad de Promoción, a raíz del profundo agujero económico que arrastra, está a la espera de que el consejo de administración tenga en su poder el informe final de la auditoría externa que se encargó tras la reunión del pasado 27 de marzo.
Con este informe culminado, se tendrá conocimiento del déficit real y de la verdadera deuda a proveedores. Y es que tal y como publicó el pasado 4 de mayo de este periódico, durante el desarrollo de esta auditoría externa ya se han detectado 632.019,64 euros que no estaban contabilizados ni figuraban en las cuentas correspondientes al pasado ejercicio, que se aprobaron con el voto en contra del Partido Popular.
Así, a la espera de que en las últimas semanas se hayan detectado nuevas deudas, el déficit correspondiente a 2023 ascendería a 3,8 millones de euros.
Por su parte, la deuda a proveedores sumaría más de 7,8 millones de euros.
Los 632.019,64 euros corresponden a deudas contraídas con los 900 proveedores de la Sociedad de Promoción, a los que los responsables de Strana Auditores han contactado uno a uno, según las fuentes consultadas.
Se trata de facturas que no estaban contabilizadas, con un montante de 428.000 euros. Se han detectado otros 200.000 euros sin pagar que proceden de actividades y servicios que estaban presupuestados y ejecutados pero que estaban sin facturar. Y otros 3.000 euros de circulación de caja.
Conviene recordar que el Partido Popular ha asegurado que irá hasta el final y no descarta llevar el caso a la Fiscalía.
Victoriano Suárez Álamo 