El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reconoce retrasos en la sociedad que gestiona la fiesta y destina 4 millones de euros para saldar deudas, mientras el concejal de Hacienda promete un plan de acción
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, una de las celebraciones más vibrantes del archipiélago, se enfrenta a un desafío que va más allá del ritmo y la creatividad: el de las facturas. La sociedad municipal encargada de organizar la fiesta y buena parte de la programación cultural de la ciudad arrastra problemas significativos para abonar a sus proveedores, con una demora media que roza los 70 días. Una cifra que duplica con creces el límite legal establecido en 30 jornadas y que multiplica por casi cinco los tiempos de pago del propio Consistorio capitalino, que liquida sus compromisos en una quincena.
El diagnóstico no es nuevo, pero adquiere ahora especial relieve tras la publicación del informe definitivo de la Intervención General, un documento que analiza las auditorías de las cuentas de las empresas municipales. Y aunque las dificultades afectan a varias sociedades, es la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria —la que tiene bajo su paraguas la gestión del Carnaval— la que centra parte de las miradas. ¿La razón? El impacto directo sobre el ecosistema de artistas, técnicos, escenógrafos, músicos y pequeñas empresas que hacen posible cada año que la fiesta salga a la calle.
Una inyección de cuatro millones para aliviar la espera
El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, ha confirmado que el gobierno local ha tenido que habilitar una partida extraordinaria de 4,2 millones de euros para hacer frente a las deudas acumuladas por esta sociedad. Y el desembolso no se detiene ahí: se prevé otra inyección de tres millones adicionales para Geursa, la empresa de urbanismo, cuyos plazos de pago son aún más alarmantes, con una media de 90 días.
Spínola, que asumió su cargo en 2023 tras décadas de gobiernos del Partido Popular, no dudó en cargar contra la gestión anterior al señalar que “desde 2014 no se pagó la actualización de la tasa de depuración, lo que generó una deuda de decenas de millones que este gobierno está poniendo al día”. Sus palabras, dirigidas al PP, pusieron sobre la mesa el contexto heredado.
La oposición habla de “capítulos de terror”
El concejal popular Ignacio Guerra de la Torre no escatimó en metáforas literarias para calificar el informe municipal: “Tiene más capítulos de terror que un libro de Stephen King”, espetó durante el pleno. A renglón seguido, aportó un dato que encendió el debate: casi 35 millones de euros se habrían gestionado mediante procedimientos de revisión de oficio, una figura que permite formalizar contratos verbales sin pasar por la licitación pública abierta. Un mecanismo excepcional que, según la oposición, invita a la opacidad y al retraso en los pagos.
El Carnaval, en el centro de la tormenta financiera
Más allá de las cifras y los reproches políticos, lo que está en juego es la salud económica de una fiesta que mueve millones de euros y empleos en la ciudad. Los proveedores del Carnaval —desde empresas de alquiler de sonido e iluminación hasta talleres de vestuario, pasando por transportistas y pequeños comerciantes— dependen de esos plazos de pago para respirar. Un retraso sistemático de 70 días puede asfixiar a negocios que ya operan con márgenes reducidos.
El concejal Spínola reconoció que el diagnóstico es preocupante, pero defendió que su equipo “ha estado muy atento a las recomendaciones de los informes” y adelantó que ya trabajan en un plan de acción para corregir estas deficiencias estructurales.
La ejecución presupuestaria, otra asignatura pendiente
A la demora en los pagos se suma una ejecución del gasto que el propio edil calificó de “baja y mejorable”. En el primer trimestre de 2026, el Ayuntamiento solo había gastado el 10% de su presupuesto anual. Spínola justificó este dato por el retraso en la aprobación de las cuentas municipales de 2026, lo que paralizó la movilización de fondos durante meses.
La oposición, sin embargo, fue crítica: señalaron que la ciudad arrastra problemas evidentes en limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines, y obras públicas, todo ello mientras el Consistorio mantiene dinero sin ejecutar en sus arcas.
Un alivio inmediato para Emalsa
Entre las medidas aprobadas en el pleno más reciente, destaca una modificación de crédito por valor de 2.042.957,14 euros destinada a pagar a Emalsa por servicios de depuración. Spínola aclaró que aún restan nueve millones para liquidar por completo esta deuda, correspondiente a los meses de agosto a noviembre de 2025. El retraso, según explicó, se debió al enorme volumen de trabajo de fiscalización asociado al cierre del ejercicio anterior.
Poner en valor el Carnaval es también pagar a tiempo
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no es solo disfraces, comparsas y ritmo. Es industria, empleo y cultura viva. Por eso, que la sociedad que lo gestiona tarde 70 días en pagar a sus proveedores no es una anécdota contable: es un riesgo real para la cadena de valor de la fiesta. Si los pequeños negocios que sostienen el espectáculo no cobran, no pueden invertir, y si no invierten, la calidad y la seguridad de la celebración se resienten.
El gobierno municipal ha dado un primer paso al reconocer el problema y habilitar fondos para atender las deudas más urgentes. Pero el reto de fondo sigue intacto: construir un modelo de gestión del Carnaval que no dependa de inyecciones extraordinarias, que respete los plazos legales y que ponga a los proveedores —los artesanos del jolgorio— en el centro de la fiesta.