La falta de una ubicación definitiva para las fiestas evidencia décadas de prioridades equivocadas, según apuntan diversos análisis. Mientras los tribunales limitan los espacios, la ciudad afronta la paradoja de tener su gran celebración sujeta a un modelo provisional e insostenible.
Las recientes sentencias judiciales que restringen los escenarios del Carnaval en el área de La Isleta no han hecho sino destapar una herida de larga data: la ausencia de una planificación urbanística que integre la fiesta más multitudinaria de la ciudad sin sacrificar el bienestar de los residentes. Lo que en su momento fue una reivindicación ciudadana para recuperar espacios de libertad tras la dictadura, se ha convertido hoy en un rompecabezas sin resolver.
El planteamiento que subyace en distintos análisis apunta a un error de fondo: la ciudad ha postergado el interés general en favor de operaciones especulativas, mientras que la fiesta, con medio siglo de vida democrática a sus espaldas, ha ido ocupando espacios sin que existiera un plan estable que garantizara su continuidad y su convivencia con el tejido vecinal. La ausencia de un recinto adecuado, diseñado específicamente para absorber el impacto de una celebración que ya dura más de un mes, deja al descubierto la falta de previsión de quienes han gestionado el desarrollo urbano en las últimas décadas.
En este contexto, algunos recuerdan una oportunidad perdida que data de 2010, cuando se eliminó del Plan General de Ordenación la posibilidad de habilitar el cauce del barranco de Tamaraceite, a su llegada a El Rincón, para albergar el proyectado Parque de la Música. Aquel espacio, concebido en su día por el arquitecto José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno, podría haber funcionado hoy como un enclave idóneo para concentrar la actividad carnavalera más masiva, separándola del entramado residencial más sensible. Sin embargo, los intereses particulares terminaron imponiéndose sobre la necesidad colectiva.
El actual escenario evidencia una contradicción difícil de sostener. Por un lado, el Carnaval se ha convertido en un motor turístico y económico de primer orden, con un impacto millonario y una capacidad de convocatoria que supera con creces los actos tradicionales. Por otro, la infraestructura disponible sigue siendo la misma que hace décadas, sometida cada año a una prueba de estrés que la ciudad no está preparada para absorber. La introducción de macroconciertos con hasta 40.000 asistentes, el alargamiento del calendario festivo y la masificación creciente han desbordado por completo los márgenes de lo que los barrios pueden asumir.
Frente a esta realidad, las respuestas institucionales han oscilado entre el parcheo y la confrontación. Tras cada sentencia desfavorable, se anuncia un recurso o se busca una nueva ubicación provisional, perpetuando un modelo itinerante que no resuelve el problema de fondo. Y mientras tanto, quienes residen en las zonas afectadas ven cómo su derecho al descanso queda supeditado a una organización que no termina de encontrar el equilibrio.
No se trata, como a veces se ha querido presentar, de una lucha entre quienes aman la fiesta y quienes pretenden acabarla. La cuestión es más compleja: una ciudad que crece demográficamente, con nuevas formas de turismo y una ciudadanía cada vez más exigente en la defensa de sus derechos, necesita conciliar realidades que hasta ahora han ido por caminos separados. El Carnaval no desaparecerá por un revés judicial, pero seguirá viviendo con sobresaltos mientras no exista una solución urbanística pensada a largo plazo.
El quincuagésimo aniversario de las carnestolendas en libertad podría ser el momento adecuado para emprender ese camino con racionalidad. Algunas voces señalan que una decisión de esta envergadura, por su impacto en la movilidad, el ocio, la economía o la convivencia, debería ser encomendada a equipos independientes, alejados de los vaivenes políticos y de los egos creativos que a menudo han primado el espectáculo efímero sobre la planificación estructural.
La entrega del testigo que en su día hizo la sociedad civil de La Isleta al Ayuntamiento, confiando en que la democracia traería consigo una participación ciudadana real, no ha tenido el seguimiento que merecía. El compromiso entonces adquirido no ha sido atendido con la visión de futuro que sí demostraron aquellos primeros impulsores del Carnaval en libertad. Y ahora, como recordaba la arquitecta y urbanista Denise Scott Brown, todo lo que se hace —y también todo lo que se deja de hacer— en urbanismo acaba teniendo consecuencias. Las Palmas de Gran Canaria lleva años sin superar este examen. Con el fracaso de una sede estable, las consecuencias estallan por fin en el rostro de los administrados.