La alcaldesa Carolina Darias defiende el modelo de fiesta en la calle y anuncia que el consistorio impugnará el fallo, mientras la oposición y los actores culturales alertan sobre la gestión y el futuro de la celebración
El futuro del Carnaval en la capital grancanaria ha entrado en un terreno de incertidumbre jurídica. El Ayuntamiento, liderado por Carolina Darias, ha confirmado su intención de recurrir la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 que prohíbe la celebración de eventos carnavaleros en las zonas residenciales de los barrios del Puerto y La Isleta, incluyendo plazas emblemáticas como Manuel Becerra, Los Patos y La Luz.
La decisión judicial, que obliga además a indemnizar con 2.000 euros a cada uno de los vecinos demandantes por los perjuicios causados por el ruido, ha desatado un intenso debate político y social sobre la compatibilidad de las grandes fiestas populares con la vida en los núcleos urbanos.
Defensa de la fiesta y un recurso anunciado
En una comparecencia posterior a un acto municipal, la regidora socialista expresó su disconformidad con el fallo, asegurando que el consistorio lo recurrirá tras un primer análisis. Darias argumentó que la resolución no solo pone en tela de juicio una de las celebraciones más arraigadas de la ciudad, sino que cuestiona “un modelo de convivencia”.
Con un tono que denotaba preocupación, la alcaldesa planteó una reflexión en voz alta: “¿Acaso imaginarían unos Sanfermines sin su encierro en las calles de Pamplona o unas Fallas sin los monumentos en las plazas de Valencia?”. Para Darias, el conflicto de fondo radica en la aparente incompatibilidad que el juez establece entre el ocio y la vida residencial, cuando, en su opinión, la esencia de una ciudad es, precisamente, ser un espacio habitado.
“Nos tomamos las decisiones judiciales con el máximo respeto, pero también nos reservamos el derecho a discrepar”, afirmó. La primera edil avanzó que los servicios jurídicos municipales estudiarán a fondo el alcance de la sentencia, que podría sentar un precedente negativo para otras festividades en diferentes barrios de la capital. Asimismo, defendió la labor de mediación del Ayuntamiento con los residentes, mencionando las iniciativas puestas en marcha para mitigar las molestias, como la financiación de estancias en hoteles para los vecinos durante las noches más bulliciosas, en un intento de buscar un equilibrio entre el descanso y la tradición.
La oposición carga contra la gestión municipal
La respuesta política no se hizo esperar. La portavoz del Partido Popular, Jimena Delgado, calificó la sentencia como un “severo correctivo” a la gestión de los socialistas. Según Delgado, el fallo evidencia una “ausencia absoluta de motivación” en el bando municipal que suspendió los objetivos de calidad acústica, lo que a su juicio demuestra que el gobierno local “eludió sus obligaciones” legales.
La edil popular puso el foco en la falta de medidas preventivas y en las deficiencias técnicas denunciadas por la Policía Local durante la celebración de 2024, como la ausencia de certificados de sonido o la emisión de música sin las preceptivas autorizaciones de seguridad. Delgado también destacó la mención del juez a la labor de la Unidad de Mediación (UMEC), que tuvo que intervenir para atenuar “problemas de seguridad”, un extremo sobre el que su grupo exigirá explicaciones detalladas.
Por su parte, Coalición Canaria, a través de su portavoz David Suárez, instó al gobierno municipal a no parapetarse tras el recurso y a afrontar “el problema de fondo”. Suárez defendió que el debate no debe ser si hay Carnaval o no, sino “dónde y cómo se organiza” para respetar la legalidad y los derechos de los residentes. El nacionalista achacó el conflicto a una falta de planificación crónica y a decisiones tomadas “tarde y mal”, especialmente tras la pérdida de Santa Catalina como escenario principal debido a las obras de la MetroGuagua.
El corazón del Carnaval clama: “Si lo sacan de la calle, morirá”
La controversia ha trascendido la esfera política para calar hondo en el tejido cultural y popular. Josué Quevedo, director artístico del Carnaval, ha lanzado un enérgico mensaje a través de sus redes sociales, advirtiendo sobre el riesgo existencial que corre la fiesta. Para Quevedo, el problema no es logístico, sino de identidad.
“El Carnaval no es un recinto ferial; el Carnaval es la calle, es la gente”, sentenció el artista, visiblemente afectado por lo que considera un nuevo golpe a la celebración tras años de esfuerzo por recuperar su esencia. En su alegato, Quevedo equipara el posible traslado de los actos a un espacio cerrado con la muerte simbólica de la fiesta, la misma que, según recordó, logró sobrevivir a prohibiciones históricas.
Lejos de limitarse a la queja, el director artístico hizo un llamamiento a la movilización de todo el ecosistema carnavalero. “Diseñadores, reinas, comparsas, murgas, grupos y ciudadanía: algo tendremos que hacer para defender lo que es del pueblo”, arengó, con la esperanza de que la presión social y la defensa de la tradición puedan abrir una vía de diálogo que compatibilice el derecho al descanso con la pervivencia de una de las señas de identidad de Las Palmas de Gran Canaria.