El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en una situación sin precedentes. La dimisión de la concejala Inmaculada Medina por el ‘Caso Valka’ y la firmeza de una sentencia del Tribunal Supremo que restringe los conciertos en el Parque Santa Catalina colocan a la fiesta en su momento más delicado de los últimos años.
La Sala Tercera Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo declaró desierto el recurso que el Ayuntamiento había preparado contra la sentencia del TSJC de mayo de 2025, que limita la celebración de conciertos exclusivamente a los que siguen a las galas de la Reina y Drag Queen. La resolución, emitida el pasado viernes, da por zanjado un conflicto que se remonta al concierto de Carlos Baute en la edición de 2023.
Incumplimiento del acuerdo de 2015
El origen del conflicto jurídico se encuentra en la interpretación del acuerdo de 2015 que estableció el marco para la celebración del Carnaval en Santa Catalina. Dicho pacto, que salvó en su momento las noches de fiesta en el parque, especificaba claramente que solo “podrán celebrarse, en horario nocturno, actos artísticos de todo tipo como galas y concursos y los conciertos posteriores a las dos galas”.
La comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar, representada por la abogada Yomara García Viera de la Asociación de Juristas contra el Ruido, argumentó con éxito que el concierto de Carlos Baute constituía un tercer evento musical fuera de lo pactado. “La rigidez de la prohibición de los conciertos fuera de los 2 días de las galas es la base fundamental del acuerdo”, señaló García Viera en sus alegaciones.
Recurso no formalizado
Aunque el Consistorio capitalino anunció en junio de 2025 la presentación de un recurso de casación, nunca llegó a formalizarlo. El decreto del Tribunal Supremo señala que “habiéndose agotado el plazo legalmente establecido para personarse en el recurso de casación sin que la parte recurrente haya presentado dentro del mismo el escrito de personación, procede declarar desierto el recurso”.
Esta situación llega en el peor momento posible para la gestión del Carnaval, que se encuentra inmersa en la búsqueda de un nuevo responsable tras la dimisión de Inmaculada Medina. La concejala dejó el cargo después de ser citada como investigada en el ‘Caso Valka’ por presunta malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación y fraude a la administración.
Futuro incierto
La combinación de vacío de poder y restricciones judiciales plantea serios desafíos para la organización del Carnaval 2026. Los vecinos mantienen que estas limitaciones no ponen en riesgo la fiesta, como demuestra el hecho de que se ha venido celebrando en Santa Catalina cumpliendo los parámetros establecidos.
Mientras tanto, la alcaldesa Carolina Darias se enfrenta al doble reto de designar un nuevo concejal de Carnaval y redefinir la estrategia de programación musical para adaptarse a las restricciones judiciales, todo ello a escasos meses de la próxima edición de la fiesta.