Mientras la concejalía de Carnaval afronta un relevo en su dirección, la batalla judicial por el futuro de la fiesta capitalina continúa su curso. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado un escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto por una comunidad de propietarios del Puerto, que busca suspender de manera cautelar las próximas ediciones del Carnaval en 2025 y 2026.
La directora general de la Asesoría Jurídica municipal, Tatiana Quintana, sostiene en su informe que la “ponderación de intereses se inclina de manera concluyente hacia el interés público cultural, social y económico”, especialmente tratándose de un evento declarado de Interés Turístico Internacional. El documento recalca que el Carnaval cuenta con una “exhaustiva regulación administrativa” para minimizar cualquier tipo de afección vecinal.
Evento celebrado y futuro incierto
Uno de los argumentos centrales del Ayuntamiento es la imposibilidad legal de suspender un evento que ya ha tenido lugar –el Carnaval 2025– y otro que aún no existe formalmente –el de 2026–. “No es posible paralizar un carnaval que ya se celebró”, afirma Quintana en el escrito, añadiendo que “tampoco existe acto administrativo alguno relativo al carnaval de 2026 que pueda ser objeto de impugnación”.
La postura municipal considera que los recurrentes “entremezclan actos pasados con hipótesis futuras”, lo que –a su juicio– “desdibuja el objeto procesal” y pretende que la justicia actúe sobre “situaciones inexistentes o ya extinguidas”.
La polémica de las mediciones de ruido
Respecto a las molestias acústicas denunciadas por los vecinos, el Ayuntamiento respalda la postura del juzgado que, en su momento, desestimó las medidas cautelares al considerar que no se aportaron “periciales de contraste” suficientes. El informe jurídico municipal señala que “pretender que en fase cautelar se otorgue eficacia plena a informes no sometidos al más mínimo control técnico equivaldría a convertir la tutela cautelar en un juicio paralelo”.
Desde la Asesoría Jurídica se insiste en que corresponde a los demandantes acreditar la “apariencia de buen derecho”, y no al Consistorio demostrar lo contrario. Asimismo, se destaca que los actos principales del Carnaval 2025 ya habían finalizado cuando se presentó la solicitud de suspensión, lo que –unido a la falta de resolución sobre el Carnaval 2026– invalida, según el Ayuntamiento, la existencia de un “peligro por demora”.
Un pulso que continúa
El desenlace de este proceso judicial marcará un precedente importante para la organización de futuras ediciones del Carnaval, en un contexto donde la convivencia entre la fiesta y los residentes de zonas aledañas se ha convertido en un tema de creciente sensibilidad. Mientras, la fiesta sigue su curso, con el Ayuntamiento defendiendo su legitimidad y los vecinos exigiendo mayores garantías.