El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria atraviesa una de sus etapas más críticas tras la dimisión de la teniente de alcalde Inmaculada Medina, investigada en el caso Valka por presuntas irregularidades en contratos de riego. Sin embargo, la oposición considera este paso insuficiente y exige explicaciones sobre un modelo de gestión que, según señalan, ha permitido el deterioro progresivo de los servicios públicos y la desconfianza ciudadana.
Dimisión tardía y crisis abierta
Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular, ha calificado la renuncia de Medina como un gesto tardío que no resuelve la situación. “La dimisión llega cuando la crisis ya está instalada en el corazón del gobierno”, afirmó Delgado, quien recordó que la Fiscalía investiga incrementos tarifarios de hasta el 70% en contratos de agua y riego entre 2015 y 2022, con sobrecostes que superarían los 400.000 euros.
A esto se suman otras diligencias abiertas relacionadas con el Carnaval y la Sociedad de Promoción, lo que, según la portavoz popular, refleja una crisis estructural. Delgado criticó además la ausencia de la alcaldesa Carolina Darias durante el acto de renuncia de su teniente de alcalde, calificándola de “simbólica de la falta de liderazgo”.
Señalamientos a la etapa de Augusto Hidalgo
Desde el PP se reclama la comparecencia del exalcalde Augusto Hidalgo, quien gobernó durante el periodo objeto de investigación. Delgado sostiene que Hidalgo minimizó las señales de alerta y nombró a Medina al frente de áreas clave, a pesar de los indicios que ahora son objeto de escrutinio judicial.
También se cuestiona el nombramiento como jefe de gabinete de una persona condenada por acoso sexual, lo que, según la oposición, evidencia falta de rigor en la selección de cargos de confianza.
Propuestas de transparencia y control
El Partido Popular ha anunciado que propondrá la creación de un comité independiente integrado por técnicos y funcionarios, encargado de revisar todos los contratos vinculados al caso Valka. Este comité actuaría sin límites políticos y rendiría cuentas periódicamente en el Pleno municipal.
Además, exigen la comparecencia urgente de la alcaldesa Carolina Darias y de la concejala Gema Martínez, para esclarecer los detalles de los contratos bajo sospecha y las modificaciones en los sistemas de facturación.
Coalición Canaria: auditoría total y responsabilidades
David Suárez, portavoz de Coalición Canaria, coincidió en señalar que la dimisión de Medina es solo el comienzo. “La ciudad necesita saber cómo se permitió un mecanismo continuado de validación de facturas sin control”, afirmó.
Suárez reclama una auditoría exhaustiva de todos los contratos de Parques y Jardines desde 2015 y responsabilizó al anterior gobierno de Augusto Hidalgo de permitir un modelo opaco que facilitó las irregularidades.
Fractura en el pacto de gobierno
La crisis política se agrava por las crecientes tensiones dentro de la coalición de gobierno. Suárez recordó que Unidas Sí Podemos ya ha admitido la parálisis institucional, mientras que socios como Nueva Canarias y Primero Canarias han mostrado su malestar tras la salida de José Eduardo Ramírez.
Según el portavoz nacionalista, el gobierno de Darias enfrenta un “final de ciclo”, con un proyecto agotado y una ciudad sumida en la desconfianza.