Desde el año 2019 he venido solicitando, de manera formal y reiterada, que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC). No se trata de una ocurrencia puntual ni de un gesto simbólico, sino del resultado de un trabajo constante, basado en el estudio, la convicción y el compromiso con una causa esencial: proteger el alma del Carnaval y garantizar su continuidad sin limitaciones injustas ni pérdidas irreparables.
Cronología de una lucha constante
En 2019 registré por primera vez una solicitud oficial ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria para iniciar el expediente de declaración del Carnaval como BIC, apoyándome en los criterios de la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, que permite proteger manifestaciones festivas populares.
Sin embargo, no obtuve respuesta.
Con el tiempo y ante el silencio administrativo, reiteré la petición en varias ocasiones, sin comunicación oficial ni avances.
Este año, tras insistir una vez más, recibí finalmente una contestación… pero no sobre el BIC solicitado, sino sobre algo ya conocido: una publicación del Boletín Oficial de la Provincia de 2017, que reconocía el Carnaval como Patrimonio de Interés Cultural (PIC), una figura municipal de rango inferior.Una confusión administrativa que desvirtúa el fondo de la petición
La diferencia entre PIC y BIC es fundamental.
El PIC es una declaración local, con alcance limitado y sin capacidad de blindar la celebración frente a conflictos legales ni de acceder a fondos autonómicos o estatales.
El BIC, en cambio, es una figura reconocida por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y por la legislación canaria, que otorga protección jurídica, reconocimiento institucional, financiación pública y registro en el Inventario General de Bienes Culturales de España.
Yo no pedía un título honorífico, sino una declaración jurídica real que proteja el Carnaval frente a posibles denuncias o restricciones derivadas de normativas de ruido o de convivencia.
Un Bien de Interés Cultural no puede ser limitado ni suspendido por intereses particulares, porque su valor trasciende lo individual: representa una expresión del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo.
El caso Vegueta: lo que se podría haber evitado
El ejemplo más claro de la necesidad de esta protección es el Carnaval de Vegueta, desaparecido tras una sentencia judicial que priorizó el derecho al descanso vecinal sobre el derecho a la fiesta.
Si el Carnaval hubiera sido declarado BIC, su desarrollo habría estado amparado por la jurisprudencia cultural, y probablemente aquella pérdida se habría evitado.
Beneficios de la declaración BIC
La declaración del Carnaval como Bien de Interés Cultural no solo tiene valor simbólico: supondría beneficios concretos, entre ellos:
- Acceso a fondos públicos autonómicos, estatales y europeos para conservación, promoción e investigación.
- Inclusión en programas de subvenciones culturales para bienes protegidos.
- Protección legal reforzada, que impediría suspender actos sin causa justificada.
- Proyección turística internacional, situando nuestro Carnaval junto a los de Cádiz, Sitges o Tenerife.
- Impulso al empleo cultural y artístico, garantizando apoyo a diseñadores, maquilladores, costureras, músicos, escenógrafos y técnicos.
Una lucha más allá de los despachos
Esta defensa no ha sido solo administrativa. Durante años he usado las redes sociales, los medios y el arte como herramientas de concienciación ciudadana.
Mi mensaje ha sido claro: esto no es una cuestión política, sino de identidad cultural.
En 2025 decidí llevar esta reivindicación al escenario: participé en la Gala Drag Queen del Carnaval como “Encarna Vals”, con el espectáculo “Actuaré en legítima defensa”, una puesta en escena inspirada en esta lucha.
Representé un juicio simbólico al propio Carnaval, asumiendo el papel de su defensa frente a los “acusadores” que encarnaban la intolerancia o la burocracia.
El veredicto fue contundente: “Caso cerrado. El Carnaval pertenece a todos.”
Ese número no fue solo una fantasía drag, sino un acto cívico, un grito artístico contra la indiferencia institucional.
Porque el arte también puede ser una forma de protesta.
Respaldo parlamentario: la PNL de Carlos Ester
El pasado 14 de febrero de 2025, el diputado Carlos Ester (PP) presentó una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias para que el Gobierno declare el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como Bien de Interés Cultural.
La iniciativa fue aprobada con amplio consenso, reconociendo que esta celebración “representa una de las manifestaciones culturales más singulares del archipiélago y del Estado”.
Este respaldo confirma que la propuesta de 2019 iba en la dirección correcta.
Si se hubiera atendido entonces, hoy el Carnaval estaría protegido legalmente y conflictos como los de Vegueta o las restricciones a los mogollones habrían tenido otra resolución.
Una lucha que no ha terminado
Tras seis años de insistencia, documentación y respuestas erróneas, hago pública esta carta por compromiso con una fiesta que nos define como pueblo.
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no es solo un evento: es una expresión colectiva, artística y social, donde confluyen la sátira, la libertad, la creatividad y la identidad canaria.
Por eso debe ser protegido y reconocido como lo que verdaderamente es: un Bien de Interés Cultural.
Invito a los medios, a las instituciones y a la ciudadanía a reflexionar sobre lo que está en juego.
Porque cuando se ignora esta solicitud, no solo se pierde una fiesta: se pierde un pedazo de nuestra historia.
Yacoran Rodríguez Betancor
Activista, artista y defensor del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, 21 de octubre de 2025