La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado ha decidido no investigar la última denuncia interpuesta por el Partido Popular en relación con la gestión de eventos en la capital grancanaria. El organismo, con sede en Madrid, ha determinado que los hechos denunciados, que se centran en la actividad de los distritos y barrios, corresponden a órganos de contratación distintos a los que son objeto de su pesquisa principal.
Dicha investigación central, a cargo de Anticorrupción, se centra exclusivamente en esclarecer si existió un presunto fraude sistemático en la adjudicación de macroeventos de la ciudad, como el Carnaval o el festival Masdanza, gestionados por la Sociedad de Promoción. Al no incluir la denuncia del PP a este ente, se ha considerado que los nuevos hechos no pueden incorporarse a las diligencias actuales.
Sin embargo, la investigación no ha sido archivada. La Fiscalía de Anticorrupción ha remitido el caso a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que será la encargada de nombrar un instructor y de abrir las correspondientes diligencias preprocesales para analizar las acusaciones.
El fondo de la denuncia
La denuncia, presentada este verano por la portavoz popular Jimena Delgado, alerta de una elevada concentración de contratos menores en un corto periodo de tiempo adjudicados a tres empresas. Según el escrito, estas compañías comparten un mismo administrador.
El PP vincula a este administrador con la promotora de eventos Camino Viejo, una de las firmas actualmente investigadas por la Fiscalía Anticorrupción en el caso de la Sociedad de Promoción. Asimismo, señala que esta misma empresa local representa a Daniel Calero, hijo de la concejal de Carnaval y presidenta de la Sociedad de Promoción, Inmaculada Medina. Por este motivo, los populares solicitan que se investigue el papel de Calero en las recientes fiestas de distritos como La Isleta y San Lorenzo.
La denuncia también se refiere a Josué Quevedo, director artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El PP cuestiona que su empresa haya recibido adjudicaciones directas para organizar las fiestas sin pasar por un concurso público, un procedimiento que contrasta con el utilizado en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde, según alegan, el mismo Quevedo sí compitió con otros licitadores para hacerse con el Carnaval de Maspalomas.
En esencia, los denunciantes perciben un modus operandi similar al que se investiga en la Sociedad de Promoción: un uso generalizado del procedimiento negociado sin publicidad, justificado bajo la cobertura de exclusividades artísticas, que habría eludido los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público.