La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado a la Policía Nacional recabar nueva documentación en la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en la contratación de eventos festivos y culturales, entre los que destacan los Carnavales, uno de los actos más emblemáticos de la ciudad.
El foco en los contratos del Carnaval y otros eventos
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personaron recientemente en la sede de la empresa municipal para recopilar expedientes de los últimos nueve años. Entre los documentos solicitados figuran contratos relacionados con conciertos, fiestas populares y, de manera destacada, los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria, cuya gestión económica está bajo escrutinio.
La investigación busca determinar si hubo sobrecostes en la organización de estos eventos y si ciertas empresas se vieron beneficiadas mediante adjudicaciones irregulares. Además del Carnaval, también están en la mira las Fiestas Fundacionales, La Naval, El Carmen, Los Dolores y el Temudas Fest.
Denuncia del PP y presuntas irregularidades
El Partido Popular, impulsor de la denuncia, sostiene que existiría un “patrón delictivo” en la adjudicación de contratos, con posibles vulneraciones de la Ley de Contratos del Sector Público. Entre las prácticas señaladas figuran el fraccionamiento de contratos y el uso recurrente del procedimiento negociado sin publicidad, lo que habría favorecido a un reducido grupo de empresas.
Entre las compañías investigadas se encuentran Camino Viejo Producciones, Qué Tal Estás, Blackout Canarias SL, ShowBusiness Canarias SL, Nikola Vaho SL y LF Sound SL, esta última vinculada a Discotecas Móviles Canarias. Según los denunciantes, algunas de estas firmas habrían compartido personal y cedido servicios entre sí, lo que apuntaría a una posible simulación de licitaciones.
Prorrogada la investigación
La Fiscalía ha ampliado el plazo de investigación un año más, ante la complejidad del caso y la necesidad de analizar más de 20.000 documentos. El fiscal Javier Ródenas habría detectado indicios de irregularidades que requieren una investigación más profunda, lo que explica el reciente registro y la incautación de nuevas pruebas.
Posibles delitos y responsables implicados
La denuncia del PP incluye posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y señala a varios cargos municipales, entre ellos la alcaldesa Carolina Darias y la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, también miembro de la Sociedad de Promoción.
Las pesquisas no se limitan a ejercicios anteriores, sino que abarcan hasta 2025, año en el que se realizaron importantes desembolsos, como el contrato del concierto de Maluma en el Carnaval.
Un caso que se prolonga
Con miles de documentos por analizar y nuevas diligencias en marcha, la investigación promete extenderse durante los próximos meses. Mientras, la sombra de la sospecha planea sobre la gestión de algunos de los eventos más populares de la ciudad, especialmente el Carnaval, cuya transparencia contractual queda ahora bajo lupa.
El caso podría tener repercusiones políticas y judiciales, en un contexto en el que la licitud de los contratos públicos sigue siendo un tema de debate en la administración local.