El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra analizando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que restringe la celebración de conciertos en el Parque Santa Catalina fuera del marco de las dos galas principales del Carnaval: la Elección de la Reina y la Gala Drag Queen.
El grupo de gobierno municipal está valorando la posibilidad de presentar un recurso de casación, buscando revertir el fallo judicial que anula la celebración de eventos como el concierto de Carlos Baute en 2023, denunciado por la Comunidad de Propietarios Simón Bolívar.
Alcance de la sentencia y postura municipal
El Consistorio insiste en que la sentencia afecta únicamente a un evento ya celebrado (el Carnaval 2023, bajo la anterior administración) y destaca que el actual gobierno ha cumplido con el acuerdo de 2015, que regula las actividades festivas para minimizar molestias vecinales.
Como ejemplo, citan el reciente concierto de Maluma (2025), que finalizó a las 22:00 horas, así como la reubicación de otras actuaciones en espacios como la trasera de Santa Catalina, Manuel Becerra o la plaza de La Luz.
Antecedentes: dos décadas de conflicto
La disputa entre el Ayuntamiento y los vecinos de Santa Catalina tiene un largo historial judicial:
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2002: El TSJC reconoce el derecho al descanso de los residentes frente a los excesos del Carnaval.
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2006-2009: Se ordena el precinto de ventorrillos por ruidos molestos.
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2012: El tribunal exige retirar el mogollón de Santa Catalina.
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2015: Se firma un acuerdo extrajudicial que permite las galas principales, pero limita otras actividades.
¿Un acuerdo “ambiguo” y difícil de revertir?
El pacto de 2015, homologado judicialmente, es vinculante para el Ayuntamiento. Aunque algunos sectores municipales consideran que contiene cláusulas ambiguas, su modificación requeriría un nuevo proceso legal.
La alcaldesa, Carolina Darias, no contempla por ahora denunciar el acuerdo como “lesivo”, evitando así reabrir un conflicto que podría afectar a futuras ediciones del Carnaval.
El debate: fiesta vs. convivencia
Mientras el PSOE ya advirtió en 2015 sobre los riesgos del acuerdo para la proyección turística del Carnaval, la actual concejala de Fiestas, Inmaculada Medina, defiende un equilibrio entre derechos vecinales y celebración festiva.